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Interior de un centro comercial en Valencia. :: juanjo monzó
Interior de un centro comercial en Valencia. :: juanjo monzó

El Consell recurre a otros municipios para justificar el fin del libre horario en Valencia

  • La Generalitat llevará al Jurídic una veintena de escritos y 15.000 firmas de 2013 contra la regulación de horarios comerciales del PP

valencia. La Conselleria de Economía ya tiene listo el expediente que remitirá al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para anular las cuatro Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) aprobadas por el PP en 2013 en la ciudad de Valencia, a falta de cerrar los últimos flecos del relativo a la regulación de Alicante. Según la documentación con la que pretende obtener el visto bueno del Jurídic para poner fin de la libertad horaria que lleva implícitas estas zonas, el motivo para declarar nula de pleno derecho la resolución de hace tres años es que fue dictada sin dar trámite de audiencia a los interesados.

Es lo mismo que advirtió la Abogacía de la Generalitat y que le llevó a tumbar en mayo la restricción de la libertad horaria que autorizó Economía apenas un mes antes, la pactada por el ayuntamiento con los agentes del sector para que el centro y el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias conservasen la libertad horaria.

En su escrito, a los apoyos manifestados por distintas organizaciones empresariales, comerciales y sociales a la anulación de la libertad horaria, la conselleria suma el rechazo mostrado por quince municipios desde 2013. Concretamente, se manifestaron contrarios a que Valencia dispusiera de apertura comercial en festivos el alcalde de Xirivella, Enrique Ortí (PP), y los ayuntamientos de Mislata (moción del PSOE), Quart de Poblet (PSOE), Paterna (PP), Paiporta (PSOE), Sedaví (EU), Aldaia (EU), Benetússer (PSOE), Silla (PSOE), Albal (PSOE), Moncada (PP), Algemesí (pleno), Alginet (PSOE y Compromís), Carlet (comerciantes) y Picassent (PSOE).

Se da el caso de que Xirivella, aunque esté en la trama urbana de Valencia, alberga el centro comercial Gran Turia, uno de los grandes perjudicados por la capacidad de sus competidores más próximos para abrir sin restricciones.

Lo mismo le ocurría a Aldaia, con el complejo Bonaire, o a otros municipios con destacadas zonas comerciales como Sedaví. Según el director general de Comercio, Natxo Costa, los anteriores gobernantes no dieron audiencia, obviaron la oposición de la Confederación de Empresarios del Comercio Valencianos (Cecoval) y del Ayuntamiento de Manises y «ni siquiera contestaron a esas alegaciones, las archivaron directamente y han aparecido en los cajones», como tampoco al manifiesto firmado por los miembros del Observatorio de Comercio valenciano, salvo la asociación de grandes superficies Anged, ni a los sindicatos, que aportaron unas 15.000 firmas.

«Está más que justificado que no se siguió el trámite correcto», sostiene Costa, que ha desestimado los recursos de Anged, Arena, Aqua y Nuevo Centro, mientras saca pecho del centenar de respaldos de ayuntamientos, sindicatos, comercios y supermercados y confía en que el Jurídic le permita aprovechar el tirón de orejas de la Abogacía de la Generalitat para anular lo aprobado por el PP y promover un mapa de horarios comerciales más restrictivo.

Si finalmente la conselleria consigue el dictamen favorable del Jurídic -en funciones desde el 2 de septiembre- a la anulación de las cuatro zonas autorizadas en 2013, con el argumento de que el Gobierno de Fabra tampoco escuchó a los afectados antes de autorizar la libertad horaria, la única vigente sería la quinta, el entorno de la avenida Cortes Valencianas, que se aprobó más tarde a raíz de la sentencia judicial favorable a Media Markt, lo que complica su anulación.

Costa querría llegar a esa situación antes de diciembre, que concentra buena parte de las diez aperturas extraordinarias anuales, y a partir de ahí, entrarían en escena los ayuntamientos para determinar las nuevas zonas con libre apertura de Valencia y Alicante, a las que la ley estatal obliga a fijar al menos una. A su vez, la conselleria promovería la anulación de ZGAT del resto de municipios, con el mismo argumento y el precedente de Valencia y Alicante, para volver a tramitarlas si así lo desean y subsanar deficiencias.

El principal escollo de este escenario es, nuevamente, el riesgo de que esta cuestión acabe otra vez en los tribunales, algo que se ha intentado evitar desde la administración durante todo el proceso de negociación con el sector.