La CEV ultima el rescate de la patronal autonómica al margen de Coepa y la CEC

A mes y medio del plazo fijado por la autonómica Cierval para acometer una reorganización patronal que garantice la supervivencia de esta organización, la ejecutiva de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) aprobó ayer solicitar a sus asesores fiscales un informe jurídico y económico sobre las posibles vías de integración con Cierval para salvarla del concurso.

La dramática situación de Cierval, que cerró 2015 con unas pérdidas de 905.334 euros tras provisionar las «deudas de dudoso cobro» correspondientes a cuotas impagadas y créditos de las patronales de Castellón (CEC) y de Alicante (Coepa), deja el rescate por parte de la CEV como la única opción viable para evitar un concurso de acreedores que, muy probablemente, abocaría a la organización autonómica al cierre por falta de financiación.

Así lo admiten relevantes voces empresariales, a falta de concretar la fórmula idónea para fusionar las organizaciones que presiden José Vicente González y su sucesor en la CEV, Salvador Navarro, que lidera la única de las cuatro patronales que presenta unas cuentas saneadas.

Según señalan a LAS PROVINCIAS fuentes conocedoras del proceso, con la solicitud de ese informe pretenden conocer los distintos escenarios posibles y el impacto en la CEV de cada uno de ellos, tanto a nivel económico como jurídico. «Habrá que ver las distintas vías para integrar Cierval y la CEV, por fusión, compra, absorción o la que se considere la mejor solución», subrayan.

Sin querer aventurarse a hablar de plazos, las mismas fuentes recalcan que el objetivo sigue siendo cimentar una organización autonómica fuerte, en el que las provinciales vean menguado su peso en favor de empresas y de asociaciones sectoriales directamente asociadas, precisamente lo que ha hecho la patronal de Valencia en los últimos años, hasta reducir el peso de la financiación pública del 90% de 2011 al 52% en 2015, con previsión de cerrar 2016 con un 54% de ingresos privados.

Además, se preveía modificar los estatutos de la refundada Cierval para adecuar el peso de cada provincial a su aportación económica, lo que reportaría a la CEV un mayor peso en los órganos de gobierno.

Ese modelo contaba en principio con la oposición tanto de la CEC, ahora en preconcurso de acreedores y con la antigua cúpula fuera ya de la organización y en dificultades judiciales, como de Coepa, que pretende superar el concurso con una quita del 95% de la deuda que mantiene con Cierval y el resto de acreedores que se antoja complicada de aprobar. De no salir adelante esa opción, los empresarios de Alicante deberían decantarse entre realizar una derrama para salvar la organización o dejarla caer y constituir una nueva, con las precauciones necesarias para evitar una sucesión de empresas, una disyuntiva a la que podrían enfrentarse también sus pares de Castellón si no logran cuadrar las cuentas y esquivar el concurso.

Con esos peliagudos escenarios de fondo, el comité ejecutivo de la CEV reiteró ayer su apuesta por «una organización autonómica cohesionada e independiente que defienda los intereses de las empresas de la Comunitat», en vista de que el actual modelo «no es sostenible económicamente conforme a los compromisos adquiridos por los socios, CEC, CEV y Coepa, en el momento de su fundación», básicamente por los reiterados impagos de las organizaciones de Alicante y Castellón.

Así, la ejecutiva de la patronal de Valencia encargó el informe necesario para acometer una fusión con Cierval que permita equilibrar las cuentas de la autonómica, al tiempo que revalidó su apuesta por la vinculación directa de empresas y organizaciones sectoriales, que se sumarían a la base asociativa de Cierval junto a las provinciales.

Ministros valencianos

En otro orden de cosas, el comité de la CEV acordó remitir a los partidos que negocian pactos de gobernabilidad una serie de prioridades que deberían defender los políticos electos por la Comunitat, como la puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación autonómica que corrija la infrafinanciación y compense la deuda histórica de 15.000 millones acumulada desde 2002.

También reclaman inversiones en el corredor mediterráneo, el tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto, los accesos a los puertos, Parc Sagunt y el transporte metropolitano de Valencia, así como solucionar el déficit hídrico estructural y «sacar a la Comunitat del foco de la corrupción». Para la CEV, además de afrontar el «déficit reputacional» actual, «es necesario incrementar la presencia valenciana en carteras ministeriales, secretarías de estado, direcciones generales, presidencias y direcciones de entidades y empresas públicas, así como en las comisiones parlamentarias más relevantes.