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Clientas en el interior de un establecimiento comercial de Valencia.
Economía recaba apoyos en su ofensiva contra la libertad horaria antes de someterla al Jurídic

Economía recaba apoyos en su ofensiva contra la libertad horaria antes de someterla al Jurídic

Climent recibe setenta alegaciones a su plan de anular las zonas que declaró el PP en 2013, al que se oponen las grandes superficies

Inés Herrero

Miércoles, 17 de agosto 2016, 20:10

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La Conselleria de Economía retomó hace poco más de un mes su ofensiva contra la libertad horaria, mediante la revisión de oficio de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) aprobadas por el PP en 2013 en Valencia y Alicante. Su intención es declararlas nulas con el argumento de que no se dio trámite de audiencia a los afectados, el mismo que le llevó a anular en mayo la restricción de la libertad horaria que había ordenado apenas un mes antes en Valencia tras los errores detectados por la Abogacía General de la Generalitat, y abrir la puerta así a implantar nuevos mapas comerciales más restrictivos.

Esa medida, no obstante, requiere el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu (CJC), una vez analizadas e informadas las cerca de setenta alegaciones que ha recibido la Dirección General de Comercio relativas al expediente de Valencia, la mayoría favorables a los planes del conseller Rafael Climent, según aseguraron ayer a LAS PROVINCIAS fuentes de su departamento.

A finales de julio, poco después del cierre oficial del plazo de recepción de alegaciones, se habían registrado sesenta pronunciamientos, seis en contra por parte de grandes superficies que se verían perjudicados por la vuelta del cierre en festivos y el resto, de asociaciones empresariales, comerciantes, consumidores, sindicatos, ayuntamientos y grupos municipales a favor del borrón y cuenta nueva que pretenden impulsar desde Economía.

Según las mismas fuentes, este último grupo ha crecido en las últimas semanas, con otra decena de pronunciamientos partidarios de anular las zonas con libertad horaria vigentes desde 2013 que fueron presentados en plazo en distintos ayuntamientos, pero no habían llegado a la Conselleria hasta ahora.

Con el abultado resultado de este periodo de audiencia pública encima de la mesa y la oposición frontal de potentes operadores comerciales como El Corte Inglés, Carrefour, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) y los centros comerciales Nuevo Centro, Arena y Aqua, desde la Conselleria de Economía deben consultar al Jurídic sobre sus intenciones y, en su caso, decretar esa nulidad antes del 30 de septiembre.

Desde Economía señalan, no obstante, que el plazo de tres meses para resolver estos expedientes podría alargarse en función del tiempo que se tome el CJC para contestarle y emitir un informe vinculante acerca de si el trámite de audiencia a los posibles afectados era obligatorio o no y podría ser motivo de nulidad, inicialmente de las zonas de Valencia y Alicante ahora cuestionadas, aunque el precedente de ambas ciudades (obligadas por ley a tener al menos una zona con libertad horaria) podría extenderse a los cerca de sesenta municipios en los que se autorizaron zonas con libertad horaria con ese mismo procedimiento.

La consulta, en septiembre

Según las mismas fuentes, Economía prevé formular su consulta al Jurídic a principios de septiembre, por lo abultado de las alegaciones que debe analizar y los limitados efectivos que posee en periodo estival, y en cuanto presente esa petición se suspenderá el cómputo de los tres meses que tiene para resolver, que se retomará cuando el órgano estatutario emita su informe.

Cabe recordar que, como publicó este periódico, el CJC comenzará en esas fechas un período en funciones, ya que seis de sus ocho miembros tienen que ser renovados antes del 2 de septiembre, cuando cumplirán cinco años en el cargo. De los seis consejeros electivos, tres son designados directamente por el Consell y los otros tres requieren un consenso de tres quintos de los diputados de Les Corts, que se antoja difícil tras el intento frustrado de acuerdo sobre los nombramientos del Consejo Rector de la futura RTVV.

A falta de saber de si serán los actuales miembros del Jurídic -incluido el expresidente Francisco Camps, consejero nato- quienes se pronuncien sobre los planes de Climent de hacer borrón y cuenta nueva en materia de libertad horaria, o bien los designados por los nuevos gobernantes y parlamentarios, previsiblemente más proclives a respaldar las intenciones del conseller, en el sector del comercio apelan insistentemente a la seguridad jurídica.

Desde la gran distribución advierten, en este sentido, de que anular las zonas declaradas en 2013 generaría «una inseguridad importante» y abriría la puerta a reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios.

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