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Interior de la Ciudad de la Justicia de Valencia, en una imagen de archivo. :: irene marsilla
La inspección confirma las acusaciones contra el juez Vilata de dar concursos irregularmente

La inspección confirma las acusaciones contra el juez Vilata de dar concursos irregularmente

El informe del CGPJ revela que el titular de Mercantil 1 anuló decisiones de otra magistrada sin justificar y retrasó dos procesos

D. GUINDO/A. RALLO

Viernes, 20 de mayo 2016, 19:21

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El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluye que el juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, Salvador Vilata, se entrometió en la actividad de la compañera de refuerzo de este juzgado anulando algunas de sus decisiones sin una razón objetiva.

También que el magistrado declaró concursos que eran competencia de la citada jueza de apoyo, retrasó una resolución que paralizó más de un año dos procedimientos societarios y hasta designó a un administrador concursal al que no podía elegir porque ya había sido escogido en tres ocasiones en los dos últimos años.

Éstas son algunas de las conclusiones a las que ha llegado el órgano del Poder Judicial tras la inspección realizada los pasados 17 y 18 de febrero al juzgado de Vilata, y después de que el Juez de Adscripción Territorial (JAT) Francisco Javier García-Miguel, refuerzo del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, denunciara un par se semanas antes estos y otros hechos al citado servicio de inspección del CGPJ.

El informe recoge que Vilata podría haber cometido faltas muy graves por entrometerse en la potestad jurisdiccional de otro magistrado y por desatención en el ejercicio de las competencias judiciales, por lo que cree que es necesario que se depuren responsabilidades.

El dossier de los inspectores se trató ayer en la Comisión Permanente del CGPJ, que decidió remitirlo al Promotor de la Acción Disciplinaria para que investigue si ha podido cometer estas dos faltas que apunta el servicio de inspección. Aunque no hay un plazo establecido, probablemente en unas semanas el promotor -un juez del Tribunal Supremo- decidirá si abre o no expediente. Si decide continuar el proceso, volverá a tomar declaración a Vilata (que ya presentó sus alegaciones al servicio de inspección) y en un plazo máximo de seis meses deberá concluirlo, bien con una propuesta de sanción o con el archivo. En el caso de que el promotor considere necesario sancionar el juez de lo Mercantil número 1, su propuesta pasaría a la Comisión Disciplinaria del consejo que, a su vez, podría archivar el caso o determinar el castigo. Al tratarse dos faltas muy graves, la sanción podría traducirse en una cuantiosa multa, la suspensión temporal o hasta la expulsión de la carrera judicial, aunque este último supuesto se reserva para faltas especialmente graves.

En concreto, a Vilata se le imputa ser el responsable de un retraso en la resolución de un caso que, a su vez, ha paralizado la actividad de otros dos jueces durante más de un año en otros dos procedimientos societarios. El magistrado no resolvió un incidente de acumulación, pero mientras sí se estaban vendiendo las unidades productivas de tres de las sociedades en concurso, entre las que se encuentra Thyssen Ros Casares. Según el dossier, a las empresas afectadas en este concurso podría haberles ocasionado importantes perjuicios.

También, y sin que fuera conocedora la jueza de refuerzo, Vilata anuló las medidas cautelares impuestas por su compañera a la empresa Urbem tras la demanda interpuesta por Inversiones Membru. Los inspectores concluyen que no existía una razón objetiva para que el investigado resolviera sobre este asunto.

Uno de los concursos más llamativos es la empresa Share Capital, vinculada al empresario Vicente Cotino, sobrino del exvicepresidente del Consell y expresidente de Les Corts, Juan Cotino; ya que hace poco más de un año, la fiscalía presentó una denuncia por delitos de estafa y apropiación indebida contra cuatro personas relacionadas con la concesión de créditos de Bancaja.

La unidad inspectora informa de que la jueza de refuerzo era la competente para la declaración de este concurso y no Vilata que asumió indebidamente esta competencia. Y también incurrió en otra irregularidad: nombró como administrador a Juan José Estruch, a quien había escogido en tres ocasiones anteriores en los dos últimos años, por lo que sería el cuarto concurso y contravendría la Ley Concursal.

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