Las Provincias

Hacienda cesa a 37 técnicos del plan de lucha contra el fraude fiscal

  • La conselleria se queda con 27 inspectores y convoca oposiciones que no cubrirán todas las plazas hasta dentro de dos años

La lucha contra el fraude fiscal en la Comunitat está bajo mínimos. La conselleria de Hacienda comunicó el pasado 3 de mayo el cese de 37 técnicos del Instituto Valenciano de la Agencia Tributaria (IVAT), donde se realizan labores de recaudación de medianos y grandes defraudadores. Según el director del ente, Eduardo Roca, la medida responde al plan de la Administración desde hace dos años de profesionalizar los puestos de trabajo mediante la oferta de oposiciones. “Las 37 personas son interinos, de los cuales algunos llevaban más de veinte años”, cuenta Roca. Sin embargo, los trabajadores alertan de que se trata de una estrategia ilegal y ya acumulan las pruebas necesarias para llevar el caso a la Justicia. Mientras tanto, la entidad tributaria se queda con una plantilla de 27 inspectores que deberán afrontar cientos de expedientes en colaboración con personal auxiliar.

El impacto económico que esta medida va a suponer a los contribuyentes valencianos varía en función de quien esgrima los datos. Los documentos e informes elaborados por los abogados de los trabajadores, a los que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, hablan de hasta millones de euros. “El gobierno valenciano ha puesto especial hincapié en la lucha contra el fraude fiscal respecto a este tributo, lo cual resulta contradictorio con nuestro cese. Incluso ha alardeado en redes sociales de recuperar 2,12 millones de euros en la primera campaña contra el fraude fiscal en este impuesto, tarea desempeñada casi íntegramente por inspectores de tributos interinos que van a cesar”, reza el Informe sobre la Hacienda de la Comunitat 2015-2016 que los afectados han enviado a los órganos de intervención del Ministerio de Hacienda y de la Generalitat. “Estos técnicos han dejado sobre sus mesas cientos de expedientes pendientes, lo que supone que la Consellería de Hacienda ha parado su propia maquinaria generadora de ingresos hasta que se cubran las próximas 12 plazas de nivel inferior”, cuenta María Jesús Casado Sanz, de la Confederación General de Trabajo. “Estamos hablando de millones de euros que se dejan de recaudar, al caducar los procedimientos ya abiertos y prescribir los expedientes”. En concreto, sostienen que cada técnico ingresa de media un millón de euros al año en liquidaciones.

Sin embargo, Eduardo Roca desmiente esta información y alega que este año el nivel de recaudación será menor debido al cambio en el sistema de valoración, aunque reconoce que la Administración va a ver ralentizada su gestión y la atención al público hasta que no se cubran las 65 plazas que esperan convocar a lo largo de los próximos dos años. “Preferimos pasar ese trance antes que seguir con esta situación de ilegalidad”, sentencia. Por lo pronto, en junio se incorporarán doce personas de categoría A2, que aprobaron la Oferta de Empleo Público en 2014. En concreto, en el primer trimestre de 2016, las liquidaciones que se llevaron a cabo alcanzaron una media de 755, lo que se traduce en 618.000 euros, según la conselleria.

Conflicto laboral

El plan de la Generalitat es adoptar una estructura de trabajo como la de la agencia estatal, que se divide en dos cargos principalmente: inspectores, de categoría A1, y técnicos, de categoría A2. Con esta idea, la conselleria ha decidido prescindir de la labor interina para ir supliendo progresivamente esas plazas con personal de categoría A2. Aquí es donde surge el principal choque de trenes: los trabajadores, por su parte, acreditan varios informes donde señalan que han desempeñado funciones de A1, mientras que la entidad tributaria lo niega. “Esta gente ha estado cobrando como funcionario de A1, cuando en realidad ejercían labores de técnicos”, afirma Roca. “Tenemos documentos de inspección firmados con nuestros nombres, algo que sólo puede hacer un A1, tenemos montones de resoluciones que acreditan nuestra labor en este sentido”, denuncia Miriam Sánchez, una de las empleadas afectadas. “Además, se supone que no nos pueden cesar hasta que las plazas estén cubiertas por oposiciones”, prosigue.

El próximo lunes 16 de mayo, los 37 técnicos acudirán al PROP a firmar el cese de su actividad. Esto ocurre después de que la mayoría de los sindicatos (CC OO, CSIF, Intersindical y CGT, con la única excepción de UGT) rechazaran en el mes de diciembre la propuesta que les hizo la Dirección General de Tributos de entrar en una bolsa específica para funcionarios de categoría A2. “Quisimos llegar a un acuerdo con los trabajadores y les ofrecimos entrar en una bolsa de A2 específica para ellos, pero se negaron. Lo que quieren es seguir en sus puestos cobrando más de lo que les toca y sin hacer oposiciones”, explica el director. Por su parte, los sindicatos calificaron esta maniobra de “chantaje” y de “reclasificación encubierta”. “Quieren tener personal que haga la misma labor que antes pero con un coste menor”, denuncia el coordinador del sector Generalitat de CC OO, Vicente Soler, quien añade que al sindicato le parece correcto que la Administración saque oposiciones: “Nos parece bien que se incrementen las plazas de A2, sin embargo, el trabajo realizado hasta el momento demuestra que se necesita y se necesitará en el futuro de personal A1. Por lo tanto, las amortizaciones no están justificadas de ninguna manera”.

Las acusaciones cruzadas y desmentidos entre las partes son constantes. Desde hace dos años, cuando se anunció este nuevo modelo y la pretensión del despido de interinos, los trabajadores han acumulado multitud de informes y quejas formales. Entre las pruebas que van a llevar a los tribunales destacan la contestación de la abogacía de la Generalitat, donde se afirma que está totalmente abierta al nombramiento de interinos; tres quejas ante el síndic de Greuges; el pacto de tributos rechazado por tres de los cuatro sindicatos; la paralización del cese solicitada por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, al presentar dudas sobre la legalidad del procedimiento; justificantes médicos ordinarios y de urgencias por crisis de ansiedad de gran parte del colectivo; y denuncias al Invassat, entre muchos otros documentos.