Las Provincias

La fiscalía destapa el trato preferente a UGT y CC OO en la ley de participación

Manifestación conjunta de los sindicatos mayoritarios, UGT-PV y CC OO-PV, por las calles de Valencia. :: EFE/Manuel Bruque
Manifestación conjunta de los sindicatos mayoritarios, UGT-PV y CC OO-PV, por las calles de Valencia. :: EFE/Manuel Bruque
  • El ministerio público considera contrario a la Constitución hasta ocho aspectos del nuevo reglamento que la desarrolla

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha solicitado la nulidad de los artículos del Reglamento de la Ley de Participación y Colaboración Institucional de la Generalitat que defienden un trato preferente a los sindicatos UGT-PV y CC OO-PV. Esta norma se aprobó el pasado mes de octubre y permite a la patronal Cierval y a estas dos formaciones repartirse sólo en 2016 unos cinco millones de euros por su presencia en consejos y organismos de representación social y laboral.

De este modo, el fiscal se une a la denuncia de los sindicatos CSI-F, Intersindical, USO y Sindicato Independiente, que acusaron a la norma de «discriminación sindical». De hecho, comparte con estas formaciones que la aplicación de la ley valenciana vulneran los artículos 28, 14 y 7 de la Constitución Española, relativos a la libertad sindical y a la igualdad de derechos.

Concretamente, el fiscal y los llamados sindicatos minoritarios solicitan la nulidad de los apartados 4, 5 y 6 del artículo 7 del reglamento, que se refieren a lo que entiende el Consell como acciones y contenidos de la participación institucional y que deja fuera de ella a las organizaciones minoritarios; y el primer párrafo del artículo 9, que regula de participación en los órganos colegiados de los agentes sociales de la Comunitat Valenciana.

También se pide la nulidad del artículo 12.1 en su totalidad, que define los honorarios y otros gastos asociados a la participación institucional; el apartado 3 del artículo 15, que exime a la patronal y a UGT y CC OO de constituir garantías sobre los pagos; el número uno del apartado 3 a) del artículo 21, referido a la experiencia necesaria de las organizaciones para concurrir a las subvenciones; y del apartado 2.e) del artículo 25, sobre el nombramiento de los auditores que verificarán las cuentas.

Desde la constitución del nuevo Gobierno de la Generalitat, los sindicatos minoritarios estuvieron demandando la anulación de la ley, aprobada por el Gobierno del Alberto Fabra cuando ya estaba en funciones. Sin embargo, el ejecutivo de Ximo Puig no sólo la mantuvo, sino que sacó adelante el 23 de octubre el reglamento que debía servir de manual de instrucciones para su aplicación y que ahora se enfrenta a los tribunales.

La polémica que ha rodeado a la norma desde el primer momento y se debe a que incluye los mecanismos para financiar con dinero público a los agentes sociales por medio de ayudas a la participación institucional, ayudas directas, y subvención de proyectos finalistas. Las primeras son la parte del león y la denunciada, con una consignación presupuestaria este año de cinco millones de euros y que se llevan al 50% la patronal Cierval, por una parte; y exclusivamente los sindicatos UGT y CC OO, la otra. De este modo se retribuye la participación en órganos como los consejos de las autoridades portuarias de la Comunitat Valenciana, el Comité Económico y Social, el Instituto Valenciano de Finanzas y decenas de entidades entre las que reparten 400 personas, sólo por la parte sindical.

Escasas alternativas

Las otras vías que sí están abiertas a todas las formaciones sindicales son mucho menores lucrativas, al tratarse de ayudas finalistas a proyectos concretos, que se auditan para comprobar que se ha destinado en lo que se planteaba. La tercera posibilidad de ingresar es por medio de la ayuda directa, que se limita a 12 euros por delegado sindical. Sólo los mayoritarios superan por esta vía los 100.000 euros anuales, mientras que el resto no llega a los 6.000 euros.

Incluso la Intersindical Valenciana, de la que ha formado parte el actual conseller de Educación, Vicent Marzà, se ha enfrentado al Consell reivindicando junto al resto de minoritarios un reparto del total del dinero destinado a subvenciones en función sólo de la representatividad y no como «una manera encubierta de financiar a los sindicatos y a la patronal más allá de los resultados electorales» obtenidos en las elecciones sindicales y las cuotas de los afiliados.