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Á. MOHORTE
Viernes, 11 de marzo 2016, 00:25
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La viabilidad de la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR) pende de un hilo y las próximas tres semanas serán claves para decidir su supervivencia. Esta es la situación en la que se encuentra la entidad que desde 1981 se dedicaba a avalar préstamos para pymes y que, tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, carga con una deuda de 400 millones de euros y avales por 300 millones más que, de ser impagados, elevarían su deuda hasta los 700 millones, según el nuevo presidente de la SGR, Manuel Illueca, y también director general del Instituto Valenciano de Finanzas.
El futuro depende de la venta de una cartera de activos ejecutados por la SGR que van desde inmuebles hasta otro tipo garantías que se han de vender antes de fin de mes, al ser esta una condición impuesta por el Banco de España para poder seguir adelante con el rescate de la entidad por parte de la Generalitat. De no lograrse la venta, Illueca descarta dimitir de sus responsabilidades políticas.
El nuevo presidente reconoce que se trata de una «cartera muy heterogénea» y de difícil valoración que inicialmente sumaba un valor nominal de 700 millones de euros y que ha pasado a un valor neto contable de 180 millones de euros. La Generalitat da por sentado que, además, se tendrá que aplicar un fuerte descuento, «como ha hecho con sus activos la Sareb o Bankia», aunque se ha de poder cubrir con lo que se ingrese los costes de reposición, que son los que se refieren a las transacciones o el cambio de propiedad, entre otros.
Intensas negociaciones
Aunque Illueca quiere ser discreto sobre el estado de la negociación, reconoce que se está tratando con distintas entidades privadas, sobre las que no ha querido especificar si son españolas o extranjera. Además, tampoco ha querido concretar si la venta de los activos de la cartera será en bloque o repartidos en distintos lotes, dos posibilidades que ha insinuado tener sobre la mesa.
En todo caso, la venta o las ventas tienen que ser puras, por imposición del Banco de España. Esto quiere decir que no pueden estar condicionadas a hitos o fases. «El Banco de España exige saber si algo está vendido, sí o no. No valen condicionamientos». Al menos, la SGR sí tiene posibilidad de optimizar los costes fiscales de la operación y esta es una ventaja cuyo cumplimiento se considera también un auténtico objetivo.
Respecto a la exigencia de responsabilidad penales por parte de los anteriores gestores, Illueca admite que «la frontera entre el mal negocio y el delito es muy fina». De hecho, reconoce que el agujero es el resultado de haber subestimado durante años el riesgo de infinidad de operaciones inmobiliarias en las que la entidad avalaba frente a los bancos y cajas los ingresos previstos. «Esto hizo en su momento que la SGR valenciana concentrara en 25% del negocio de todas las sociedades avalistas de este tipo que había en España» y ahora es la causa de haberse quedado desfondada. En todo caso, el responsable de IVF promete una auditoría forense de las operaciones para detectar y poder emprender las acciones legales que sean necesarias y que puedan motivar la exigencia de responsabilidades patrimoniales a los involucrados.
Sobre su designación como presidente de la SGR el pasado miércoles, Illueca asegura que lo ha hecho para poder llevar con sus propias manos esta operación de venta y, en el caso de que salga adelante, el proceso necesario para que la entidad pueda volver a dar avales y tener actividad. Para esa solución, la sociedad tiene que volver a dar confianza a los bancos, que piden solvencia y un plan de futuro. De hecho, a pesar de las condiciones actuales, la SGR ha vuelto a trabajar con Caixa Ontinyent e Illueca ha destacado la buena predisposición a hacerlo por parte de Bankia, Sabadell y Caixabank.
La desconfianza de la banca se debe, principalmente, a que el proceso de reestructuración de la entidad está paralizado y no se basa en dinero disponible hoy, sino en la promesa del Consell de ponerlo en 2018. «Las entidades dudan de la capacidad de responder que tiene la Generalitat y el Banco de España también penaliza esta vinculación a la Administración», admite Manuel Illueca.
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