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Vista de la sede de Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) en Valencia.
La Generalitat se enfrenta al pago de hasta 39 millones por los avales «dudosos» de la SGR

La Generalitat se enfrenta al pago de hasta 39 millones por los avales «dudosos» de la SGR

La cantidad elevaría a 148 millones de eurosel agujero originado por la sociedad avalista que deberá afrontar el nuevo Consell

Dani valero

Martes, 1 de septiembre 2015, 21:41

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La Generalitat abonó en julio 20 millones de euros a la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat (SGR), cantidad correspondiente el primer pago de un total de 109 millones al que asciende el quebranto ocasionado por la entidad avalista en la administración. Se trata de un elevado importe que la autonomía liquidará en cuatro plazos anuales para amortiguar su impacto en las maltrechas arcas autonómicas, pero que, según consta en las cuentas anuales de la SGR, podría elevarse a 148 millones de euros si se cumplen los peores pronósticos de la entidad.

El asunto radica en 38,9 millones de euros que la SGR tiene catalogados como créditos de "riesgo dudoso" reavalados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que es quien asume -en términos generales- el 40% de los avales otorgados por la SGR hasta un máximo de 200 millones de euros.

Algo similar le ocurre al estado, avalista de un total de 25 millones de euros en créditos dudosos de la SGR a través de la firma Cersa (Compañía Española de Reafianzamiento), según recogen las cuentas de la SGR.

Según explican fuentes de la Conselleria de Hacienda, en 2013 la Generalitat canceló el contrato que le obligaba a reavalar las garantías de la SGR. No obstante, la administración autonómica sigue estando obligada a hacer frente a los avales otorgados hasta la fecha del acuerdo, por lo que el agujero generado por la entidad en la Generalitat puede seguir creciendo. Eso sí, lo haría "en menor medida", según sostienen desde Hacienda, en referencia a que los avales de mayor riesgo por los que tendría que responder el Consell no superan los 40 millones de euros.

En total, la SGR cerró 2014 con un riesgo vivo de 431 millones de euros (91,1 avalados por la Generalitat a través del IVF y 64 millones por parte del estado a través de Cersa). Del total, 218 millones refieren a avales tipificados como dudosos.

Con el fin de dilucidar el riesgo al que está expuesta la Generalitat y conocer el desglose de cada uno de los avales, el responsable de Hacienda del PSPV en Les Corts, José Muñoz, solicitó la comparencia del nuevo director del IVF, Manuel Illueca, ante la Comisión de Economía del parlamento valenciano. El dirigente instó al nuevo director a que ponga en conocimiento de los diputados "quién fue la persona encargada de conceder estos créditos inviables, a quiénes, cómo y con qué garantías, puesto que son empresas que se han financiado con dinero de todos los valencianos". "Exigiremos las responsabilidades pertinentes si se hicieron de forma imprudente", dijo.

Muñoz quiere que Illueca explique "cuáles fueron los motivos que han provocado que sólo en 2014 la SGR supusiera para la Generalitat un quebranto de más de 80 millones de euros por avales fallidos, así como cuáles fueron los motivos para que no se abonaran". Según trasladan a LAS PROVINCIAS, el anuncio de esta comparecencia -que todavía carece de fecha- y los detalles solicitados por el parlamentario han despertado las críticas de algunos empresarios, que se muestran contrarios a que se dirijan las críticas hacia las firmas que recibieron los créditos avalados por la SGR en lugar de recaer la responsabilidad sobre la sociedad.

La polémica sobre los avales no es la única que salpica a la SGR. El Banco de España abrió de oficio un expediente sancionador a la sociedad en octubre de 2014 por incumplir el coeficiente de solvencia durante un período superior a seis meses, en el que los recursos mínimos se situaron por debajo del 80% de lo establecido. Los hechos investigados se remontan a mayo de 2011, cuando, tras una inspección ordinaria, el supervisor detectó unos requerimientos de capital que a finales de ese año fueron cifrados en 38 millones de euros, con la morosidad disparada al 10% ese ejercicio.

La investigación del Banco de España vio la luz pocos meses después de que la SGR consiguiera estabilizar su delicada situación financiera. Un primer plan de viabilidad, con el que se sustituyó a los gestores que llevaban tres décadas en su cargo, supuso una inyección de 60 millones de euros en la entidad por parte del Consell, tras el que, en julio de 2013 y tras una nueva auditoría, la Generalitat tuvo que avalar un crédito de 200 millones para reestructurar su deuda.

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