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¿Se necesitan un millón de páginas para legislar?

¿Se necesitan un millón de páginas para legislar?

CEOE critica la profusión de normas, que dificultan el crecimiento económico y distorsionan el mercado

Amparo Estrada

Sábado, 28 de marzo 2015, 07:53

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Para conocer toda la normativa, disposiciones y anuncios legales, una empresa tuvo que leerse el año pasado 169.874 páginas del Boletín Oficial del Estado (BOE) y 813.256 páginas de los boletines oficiales de las comunidades autónomas, según pone de relieve un informe de CEOE, que critica esta profusión legal porque, en muchas ocasiones, se debe a duplicidades, a requisitos innecesarios o a normas obsoletas.

El año pasado se aprobaron 706 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal. Entre 1970 y 2014 se han adoptado en España un total de 40.046 normas estatales. Por comunidades autónomas, la que publicó más páginas en su boletín oficial fue Madrid, con 94.159 páginas, y la que menos, el País Vasco, con 5.545. No obstante, en la cifra recogida por CEOE del País Vasco no se incluyen los boletines de las diputaciones forales, que son competentes en materia impositiva, entre otros asuntos. Además, el mayor número de empresas domiciliadas en Madrid, y especialmente de empresas públicas, lleva a que deban publicarse más anuncios de concursos o juntas en su boletín.

Castilla y León, con 87.936 páginas del boletín oficial en 2014, y Cataluña, con 74.884 páginas, completan el podio de las comunidades con boletines más gruesos en 2014. Sin embargo, las que más aumentaron el número de páginas publicadas fueron Aragón (19,1% más), Extremadura (18,1%)y Castilla La Mancha (14,4%).

Desde la patronal insisten en que «legislar menos es legislar mejor» y que las empresas podrían ahorrar 1.600 millones de euros en cargas administrativas. Por ejemplo, en Galicia aprobaron en 2011 un decreto que obliga a las bodegas y otros productores a llevar 14 libros de registro en «soporte escrito manual con tinta indeleble». Si se pudiera hacer de forma informatizada, se ahorrarían 1.163.000 euros.

Bruselas recomendó en 2008 a todos los gobiernos que redujeran un 25% sus cargas administrativas. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero lo hizo en un 30% y el Gobierno de Rajoy ha continuado en esa línea aprobando la Ley de Unidad de Mercado en 2013. Aún así, sigue habiendo mucho margen de reducción. La Comisión Europea calculó en 2007 que el coste de las cargas administrativas en España alcanzaba el 4,6% del PIB (unos 46.000 millones de euros).

La OCDE elabora, cada cinco años, un indicador sobre la regulación en el mercado de los productos, donde se valora en un indicador las barreras a la iniciativa privada derivadas de la regulación. En esa comparativa, España se sitúa con una legislación más restrictiva que Italia, Reino Unido, Alemania o Francia.

Como miembro de la Unión Europea, a la legislación nacional o autonómica se suma -y predomina- la normativa comunitaria con 22.331 directivas y reglamentos vigentes, con agricultura, relaciones exteriores y protección del medio ambiente, del consumidor y de la salud como los ámbitos donde más se ha legislado.

A juicio de CEOE, el entramado legislativo español es de una densidad y complejidad muy altas, lo que provoca distorsiones en el mercado, además de crear un elevado nivel de cargas administrativas para las empresas. Todo ello tiene un impacto directo sobre la capacidad de crecimiento económico porque las empresas «dedican parte de su tiempo y sus esfuerzos a tareas administrativas que conllevan un coste, en algunos casos injustificado». La patronal valora la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, el establecimiento de un Plan de Racionalización normativa o la Ley de Garantía de la unidad de mercado, pero pide limitar la proliferación de normas y promulgar normas claras y simples para evitar ulteriores interpretaciones, así como trasponer la normativa europea sin introducir requisitos o cargas administrativas adicionales.

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