Fiscalía investiga a Olivas por el cobro de 3,3 millones en participadas de Bancaja

La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal para aclarar el cobro de 3,3 millones de euros por parte del presidente de Bancaja y expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas, por su asistencia a consejos de administración de determinadas firmas en representación de la caja valenciana. Según el Banco de España, esas cantidades debían ser reintegradas a la entidad financiera a la que representaba en esos consejos, algo que no se produjo.

Las pesquisas se encuentran en una fase inicial, ya que la apertura de la investigación es relativamente reciente. No obstante, ya se ha solicitado determinada información para conocer las cantidades que percibió el directivo, así como qué firmas se las abonó. La investigación también incluye al entonces director general de la entidad, Aurelio Izquierdo, quien entre 2007 y 2012 percibió 0,3 millones de euros por representar a Bancaja en consejos de firmas participadas.

El ministerio público dispone ahora de seis meses para completar su investigación. Este periodo puede ampliarse otro semestre. Si la persona encargada de la investigación considera que existen indicios de una actuación irregular llevará el caso a un juzgado. Por el contrario, si de las pesquisas no se desprende ninguna ilegalidad, archivará el asunto.

La investigación está motivada por un expediente de la comisión ejecutiva del Banco de España de julio de 2013 sobre presuntas irregularidades en el cobro de dietas recibidas entre 2007 y 2012 por parte de «antiguos responsables de Bancaja». Este documento, en el que también se describen una serie de irregularidades detectadas por los inspectores del Banco de España en once operaciones realizadas por Bancaja Hábitat, fue remitido a la Audiencia Nacional para su incorporación a las diligencias abiertas por los delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida a raíz de la denuncia del FROB contra la anterior cúpula del Banco de Valencia, filial de Bancaja que también presidía Olivas.

En su expediente, el Banco de España señala que, a partir del análisis de la información remitida por el grupo BFA-Bankia sobre retribuciones de la alta dirección de Bancaja, «se ha tenido conocimiento de que determinados directivos (en concreto el presidente y el director general de Bancaja entre los años 2007 y 2012) tuvieron una serie de ingresos de volumen significativo (en el entorno de los 3,3 millones de euros y 0,3 millones de euros, respectivamente) que provenían de distintas empresas en las que dichas personas figuraban como consejeros dominicales en representación de Bancaja.

Durante ese periodo, Olivas fue consejero dominical en grandes firmas como Iberdrola, Enagás, Abertis o Metrovacesa, además de presidente del Banco de Valencia. El expresidente de Bancaja, que desconocía la investigación abierta por la fiscalía, manifestó a LAS PROVINCIAS que desde 1994 el consejo de administración de Bancaja adoptó varios acuerdos, el más reciente en 2007, en los que reconoce el derecho de sus representantes en sociedades participadas a recibir «cualquier retribución» acordada por estas firmas para los miembros de sus respectivos consejos.

Además, Olivas presentó el pasado 5 de noviembre un escrito en el Banco de España en el que refleja estos acuerdos y le recuerda que, «al no ser presidente ejecutivo de Bancaja y no tener retribución salvo las dietas por asistencia al consejo, no tenía incompatibilidad para poder representar a la caja en los consejos de participadas».

El expediente del Banco de España refleja que el grupo BFA-Bankia, como heredero de los activos de Bancaja y del que el propio Olivas fue vicepresidente durante su etapa incial, «ha confirmado al equipo inspector que no se ha producido el retorno de dichas cantidades a la caja tal y como exigía la normativa de la Generalitat». Por ese motivo, el supervisor acordó comunicar a la Conselleria de Hacienda «que determinados directivos de la antigua Bancaja habrían percibido ingresos que provenían de distintas empresas en las que dichas personas figuraban como consejeros dominicales en representación de la caja sin que conste el retorno de dichas cantidades a la caja, tal y como exigiría la normativa de la Generalitat Valenciana».

Al respecto, la ley autonómica de cajas impide el cobro de cantidades distintas a las dietas por pertenencia a los consejos, salvo que éste aprobase un salario para los presidentes con dedicación exclusiva.