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Olivas pide al juez que retire su imputación por la fusión y salida a Bolsa de Bankia

EP

Martes, 23 de septiembre 2014, 00:01

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El exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que retire su imputación en la causa en la que se investiga la fusión y salida a la Bolsa de la entidad porque, a pesar de su cargo y el de presidente de Bancaja y Banco de Valencia, nunca tuvo «funciones ejecutivas» en la misma.

«De la palabra 'presidente' se puede presumir una cierta capacidad de gestión y de control, tanto en una como en otra entidad. Sin embargo, tal alcance es más mediático que jurídico», aseguró la defensa de Olivas antes de recalcar que «durante los años que ostentó su mandato» su sueldo «siempre fue inferior a 20.000 euros anuales».

Así consta en un escrito en el que los abogados de Olivas sostienen que su imputación es equiparable a la responsabilidad que «el consejo de administración de un hospital» podría tener en «una posible mala praxis médica ocurrida en un quirófano». Aunque en este caso, dice esta parte, «no se aprecia tal mala práctica».

A su juicio, el Consejo de Administración, del que Olivas formaba parte, tomaba «decisiones estratégicas» sobre la marcha de la entidad pero siempre a partir del «debido asesoramiento legal y económico, suministrado tanto por profesionales internos de primer orden y lógicamente bien retribuidos, como de profesionales externos, tales como auditores, consultoras o despachos de abogados».

«En este caso, además, se suma la intervención directa tanto del Banco de España, como de la CNMV», argumentan los letrados antes de poner de manifiesto que el Consejo de Administración no tomaba «decisiones del día a día» que no estuvieran «recomendadas por la línea ejecutiva de la entidad o por terceros cualificados».

«La base de culpa sobre la que ha de descansar el derecho penal no es sostenible en estos casos en que se obra con el debido y más que cualificado asesoramiento, pues si así fuera, la responsabilidad penal se convertiría en una responsabilidad objetiva, lo que no es posible», señala el escrito, que también defiende que los consejeros no participaron en la modificación de las cuentas de 2011, en las que la entidad pasó de tener unos beneficios de 309 millones de euros a unas pérdidas de 2.979 millones.

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