El juez Pedraz investiga la compra de ropa para los árbitros de la Comunitat

José Ramón Lete, en el centro ayer en la reunión. / EFE/J.P.GANDUL

El auto recoge que la Federación Española pagó más de 36 millones en siete años por equipaciones que se remitían a las territoriales

MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA.

Las equipaciones que cada fin de semana utilizan decenas de colegiados adscritos al comité valenciano, desde la base hasta la Regional Preferente, están en el auto del juez Santiago Pedraz, que investiga la operación 'Soule'. A partir de la página 27 del escrito judicial, el magistrado expone cómo la Federación Española supuestamente adquirió ropa deportiva a una empresa de un amigo del vicepresidente, Juan Antonio Padrón -en prisión junto a Ángel María Villar y su hijo Gorka Villar-, por valor de más de 36 millones de euros entre 2009 y 2016. Estos hechos fueron denunciados por el exsecretario general de la Federación. Según se relata en el auto, los equipajes se adquirían para destinarlos a los árbitros de las federaciones territoriales.

Según detalla el auto, la Federación Española estuvo comprando material deportivo a la mercantil Estudio 2000, cuyo presidente, Vicente Bernad Vico, es amigo de Juan Padrón. También se refleja que este acuerdo no fue ofertado a otra mercantil. LAS PROVINCIAS se ha puesto en contacto con colegiados de la Comunitat, que constataron haber adquirido de forma anual equipaciones, primero de la marca Puma y luego de Pony, por valor de 50 euros. Cabe destacar que el juez Pedraz no incluye a ningún representante de la Federación Valenciana a la hora de desgranar una trama de la que, presuntamente, se habría lucrado Padrón.

«Existen elementos para considerar que en su condición de vicepresidente económico, 'arropado' por Villar, ha podido favorecer a la entidad Estudio 2000 SA como proveedora de determinado material o servicios a la RFEF, obteniendo beneficios al conseguir que parte de los fondos federativos pasen a su patrimonio particular a través de operativas societarias complejas», expone el juez Pedraz en el auto.

El magistrado refleja que, supuestamente, la firma Tenerife Sport SL «es el medio para ocultar las presuntas comisiones cobradas». Juan Padrón es el administrador único, según consta en el auto, que especifica que en 2005 vendió las participaciones a sus hijas.

El juez Pedraz incide en que «no consta» que la adquisición de prendas deportivas a Estudio 2000 SA para vestir a los árbitros y selecciones territoriales «haya sido ofertada respetando los principios de competitividad, ni queda determinada la necesidad del gasto anual que se realiza, existiendo indicios de que el contrato excede las necesidades reales de la RFEF...».

El auto del juez de la Audiencia Nacional cita a fuentes de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil para cifrar los pagos realizados por la Federación Española a Estudio 2000 SA en algo más de 36,5 millones de euros. Además, detalla que a partir de 2011 -momento en que se desliga de la marca Puma- más del 85% de sus ingresos provienen de la Federación. «Desde 2013 pasa prácticamente a ser la única (fuente de ingresos), satisfaciendo en torno al 99% de sus ganancias», indica.

También se subraya que desde 2012 resalta «con diferencia» Distrinsa SL como destinataria de los pagos de Estudio 2000 SA. Esa firma comercia con prendas de la marca Pony, las que actualmente usan los árbitros de competiciones territoriales en la Comunitat.

El juez Santiago Pedraz Pedraz refleja en su auto las compras durante el último lustro de la empresa de Vicente Bernad a la proveedora de Pony durante los últimos ejercicios, y la diferencia entre esta operación y los ingresos recibidos de la RFEF. Así, en 2012 abonó 3,1 millones a Distrinsa SL y obtuvo 1,4 millones más de esa cifra de la Federación; en 2013 abonó 4,4 millones y el incremento fue de 399.000 euros; en 2014 pagó 3,7 e ingresó 1,2 más; en 2015 compró por 3,5 millones y el incremento fue de 1,3; y en 2016 el coste inicial fue de 3,3 millones e ingresó 1,5 de la Federación. «Podría ser equivalente al ahorro anual que obtendría la RFEF si hubiese adquirido las prendas directamente a Distrinsa SL», recalca el magistrado de la Audiencia Nacional.

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