Las Provincias

El fiscal pide al Supremo que confirme la pena de 21 meses cárcel para Messi

  • El alto tribunal revisa los recursos que el futbolista y su padre presentaron contra las condenas por delitos fiscales que impuso la Audiencia de Barcelona

madrid. El fiscal ha pedido al Supremo que confirme la pena de 21 meses de cárcel, que la Audiencia de Barcelona impuso al futbolista Lionel Messi, en el escrito que ha presentado ante los magistrados del alto tribunal para su deliberación sobre los recursos del jugador y de su padre.

El Supremo revisó ayer, en una deliberación a puerta cerrada, los recursos que Messi y su padre presentaron contra las condenas por delitos fiscales -21 meses de cárcel para cada uno- que les impuso la Audiencia de Barcelona por fraude fiscal. La Audiencia condenó al argentino y a su padre por haber defraudado 4,1 millones a Hacienda mediante un entramado de sociedades interpuestas.

El Supremo debe decidir si confirma o no esas condenas o, en su caso, si varía o no las penas impuestas. La sala ha estudiado el asunto pero no ha divulgado el fallo hasta que la sentencia sea notificada en próximos días.

Uno de los factores que tiene en cuenta el tribunal es la postura del fiscal y éste considera que Messi «debe ser considerado responsable de los delitos fiscales por los que ha sido condenado porque no podía desconocer que debía declarar y pagar impuestos por las sumas que recibía» a cambio de explotación de sus derechos de imagen. El escrito que el fiscal ha presentado ante la Sala de lo Penal del alto tribunal considera también que la condena a Messi por tres delitos de fraude fiscal se basa «en datos válidamente probados» y en «una motivación que no resulta ilógica ni arbitraria». En el caso de que el Supremo confirmara las condenas íntegramente, los reos podrían evitar la cárcel, al no ser las penas superiores a los dos años. Ello dependería de la Audiencia, que también podría enviarles a prisión.

La Audiencia de Barcelona recriminó a Messi que optara por una «ignorancia deliberada» sobre la gestión de sus ingresos por la explotación de sus derechos de imagen, ante la «sospecha justificada» de que el entramado societario del que se valía no era «claro y nítido». Los abogados defensores alegaban que no se ha acreditado que el futbolista fuera el autor de las ocultaciones detectadas.

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