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RODRIGO ERRASTI
Viernes, 12 de febrero 2016, 01:37
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El Consejo Superior de Deportes (CSD) está decidido a abordar las sospechas de corrupción en el deporte y por ello solicitó al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la documentación correspondiente a los casos de las federaciones españolas de fútbol y baloncesto. El CSD solicita al TAD que incoe expedientes disciplinarios a sus presidentes, Ángel María Villar y José Luis Sáez, así como al vicepresidente económico de la FEF, Juan Padrón, y al secretario general-director económico de la FEB, Luis Giménez.
En el caso del fútbol, el TAD podría inhabilitar cautelarmente en las próximas horas a Villar, que no aportó los apuntes contables y los movimientos bancarios requeridos para comprobar las entradas y salidas de dinero de la Federación hasta que dos funcionarios del CSD se presentaron la semana pasada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.
Mientras se estudie el caso, el abogado bilbaíno no podría ser candidato el 22 de abril en las elecciones a la presidencia en las que Jorge Pérez, actual secretario general, ha mostrado su deseo de participar junto a Miguel Ángel Galán, presidente de Centro Nacional de Formación de Entrenadores (CENAFE). En el caso de que la documentación arroje alguna irregularidad, sería inhabilitado por administración desleal, malversación de fondos y daños y perjuicios a terceros clubes. La suspensión para ejercer su cargo podría ser por un período mínimo de dos años, lo que le impediría presentarse a los comicios para seguir en un cargo en el que permanece desde 1988.
La investigación abierta en el caso del fútbol busca aclarar si es cierto que la RFEF prestó dinero de manera irregular al Recreativo de Huelva y al Club Deportivo Marino para que el club onubense pudiera hacer frente a unas deudas y no sufrir un descenso administrativo. El Recreativo, dirigido en 2015 por José Luis Oltra, y su cuerpo técnico, recibieron 200.000 euros que se les adeudaban a través del Comité de Entrenadores, dependiente de la Federación. El CSD aclara que en el caso de la RFEF remite «el asunto al TAD tras haber comprobado la documentación y las alegaciones correspondientes a los casos». Igualmente podría constituir una actuación para eludir el cumplimiento de la propia normativa de la RFEF (artículos 49.1 y 192.1 párrafo cuarto del Reglamento General de la FEF) en el caso del Recreativo de Huelva.
Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, ya ha advertido en varias ocasiones que el Gobierno «no cederá» ante ninguna amenaza de la FIFA por una presunta injerencia gubernamental, táctica usada en el pasado por la RFEF para paralizar el transcurso de esta investigación.
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