Los jóvenes valencianos de 14 y 15 años podrán ir solos a conciertos de música en vivo

Una menor, haciendo cola junto a dos adultas para un concierto de Pablo Alborán./LP
Una menor, haciendo cola junto a dos adultas para un concierto de Pablo Alborán. / LP

La reforma de la ley autonómica de Espectáculos Públicos prevé que los menores de 14 deberán ir acompañados de sus padres

EUROPA PRESS

El pleno de las Corts ha aprobado, con el respaldo de los partidos del Botànic, la abstención de Ciudadanos (Cs) y el rechazo del PP, la modificación de la ley de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos para permitir a los menores de 16 años (con 14 y 15 años) acceder --con autorización de padres o tutores-- a salas de conciertos y espectáculos de música en directo, locales que deberán abandonar una vez termine la actuación. Los menores de 14 años deberán ir acompañados de su padre, madre o tutor legal.

La reforma, planteada por Compromís y Podemos, no incluye finalmente como pedía la formación morada reducir a infracción leve "permitir o tolerar el consumo de sustancias" en los locales de ocio, que ha sido rechazada por socialistas y 'populares'.

El diputado del PP Luis Santamaría ha criticado duramente esa propuesta para rebajar las sanciones por tratarse de un problema "muy grave" que no se combate "siendo laxos y conniventes" con las drogas, "como propone allá donde gobierna" la formación morada. Mientras tanto, el parlamentario de Podemos Antonio Montiel ha defendido que no buscaban la liberalización de las drogas, pero ha cuestionado que la legislación valenciana es más dura en este aspecto que la 'ley mordaza'.

Ambos han protagonizado el momento más tenso del debate, después de que Montiel sacara un sobre en la tribuna y el 'popular' le reprochara la acción al venir de un grupo que es "hijo de un régimen narcoterrorista". Asimismo, Santamaría ha asegurado que Montiel se estaba "pegando un tiro en el pie" al afirmar que la ley vigente hasta ahora no se cumplía en muchos casos cuando él ha sido secretario de un ayuntamiento, y este le respondiera que siempre ha cumplido "escrupulosamente la ley", para agregar: "No sé si usted como conseller de Gobernación, que heredó de Castellano, puede decir lo mismo".

Montiel ha defendido la necesidad de reformar la ley de espectáculos, que data de 2010, para acabar con "la pasividad e hipocresía que reinaba" en la regulación de las actividades de ocio, especialmente las nocturnas que generan contaminación acústica y, además, ha asegurado que el propio sector "pedía una fórmula que diera seguridad jurídica a su actividad" y evitando "ciudades invisibles" por la falta de control.

Una de las cuestiones que planteaba incluir Podemos es que una autoridad única autonómica fuera la encargada de conceder las licencias para los macrofestivales, para que se celebren con "determinadas condiciones de seguridad, control de acceso o cláusulas abusivas" porque "no es de recibo querer ser una comunidad de referencia internacional y que cada ayuntamiento improvise".

Finalmente, la ley faculta al Consell a declarar determinados espectáculos públicos de interés general, comunitario o local, pero no incorpora que sea la Generalitat la que autorice el desarrollo de estos festivales con previsión de aforo superior a 1.500 personas y duración superior a ocho horas.

La portavoz adjunta de Compromís Mònica Àlvaro ha justificado la necesidad de modificar la ley para evitar, por ejemplo, que un menor no pudiera acudir a ver un concierto de un concursante de Operación Triunfo en una sala que tenga prohibida la entrada a menores. Ha recordado que hay músicos que tienen un público infantil y no podían actuar y ha preguntado "qué expectativas tiene un músico si no puede actuar para su público".

"Queremos música, teatro, cuentacuentos, despenalizar los espectáculos en vivo", ha dicho, y convertir la ley de espectáculos en una ley "también de las actividades socioculturales" y dar cabida a "actividades populares ahora arrinconadas a cuatro espacios".

La socialista Ana Barceló, por su parte, ha asegurado que la ley resultaba "insuficiente para dar respuesta a los nuevos conceptos socioculturales" y que necesitan tener cobertura legal. Así, se hace por primera vez una definición de las salas de artes escénicas, y no es "una barra libre" donde las salas no están sujetas a regulación.

También ha destacado que se responde "a la demanda de muchos menores que quieren acceder a locales para escuchar música en directo". "Antes tenían vetada su entrada, tenemos que proteger a los menores, pero eso es compatible con el deber de procurar también el acceso de estos jóvenes a actividades socioculturales", ha dicho.

Luis Santamaría (PP) ha mostrado un embudo para ilustrar lo que considera hace esta reforma de la ley, que se aplica "con desigualdad a unos y otros", apostando por un "marco legal facilón para entidades sin ánimo de lucro y mucho más estricto para establecimientos que cuentan con licencia y cumplen con los requisitos de la normativa sectorial", que van a sufrir una "terrible competencia desleal".

Ha puesto como ejemplo que asociaciones y entidades sin ánimo de lucro "podrán organizar conciertos con una declaración responsable y dar servicio de bar" y ha cuestionado que puedan hacer frente a los costes de insonorización, entre 50.000 y 150.000 euros para un local de 100 m2. "¿Por qué la asociación de amigos de cannabis del barrio del Carmen, si es que existe, va a poder organizar conciertos y la falla Serrano-Plaça dels Furs no?", ha cuestionado.

Por ello, ha asegurado que "no gobiernan pensando en el interés general", sino que "utilizan las leyes para satisfacer las voluntades que les llevan a ocupar estos asientos". "No tiene ni pies ni cabeza legislar solo para sus redes clientelares", ha agregado, para mostrar el apoyo del PP a los espectáculos pero "no a la hipocresía".

Desde Ciudadanos, Toni Subiela ha recordado que la reforma nació para "dar respuesta a las peticiones de determinados colectivos afines a los grupos que la presentan" y ha criticado el proceso de tramitación de la propuesta, que pese a "mejorar algunas carencias" ha creado "otros problemas" que les impide dar su voto a favor.

Según ha dicho, no están en contra de la entrada de menores en las salas, pero acompañados, cuestionando la legalidad de la autorización: "Podemos estar autoengañándonos".

Fotos

Vídeos