Las Provincias

El IVAM compró obras en la etapa de Císcar sin pedir certificados de autenticidad

 Císcar, en los juzgados. La exdirectora del IVAM y mujer de Rafael Blasco, en la Ciudad de la Justicia.
Císcar, en los juzgados. La exdirectora del IVAM y mujer de Rafael Blasco, en la Ciudad de la Justicia.
  • La juez ya tiene el informe de la Intervención que detecta graves irregularidades en la adquisición de piezas

Las conclusiones del informe de la Intervención General de la Generalitat respecto a la gestión de Consuelo Císcar al frente del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) revelan una etapa plagada de irregularidades y mantienen las sospechas acerca del buen uso de los fondos públicos en la institución.

El organismo auditor plantea graves deficiencias en prácticamente todos los aspectos analizados, desde la compra de obras de arte, al pago de comisarios y a las más variopintas contrataciones, desde el abono de traducciones a servicios de publicidad. Este informe (2004-2013) ya está en manos de la juez que instruye el asunto en el que se encuentra investigada Císcar y la excúpula directiva del museo.

El dossier destaca, especialmente por el volumen de dinero manejado, el apartado de contratación de obras de arte. La institución adquirió en cuatro años más 335 obras que costaron 11 millones de euros. Los interventores seleccionan para su informe 100 piezas. Resulta habitual elegir una muestra para un trabajo de este tipo.

La lectura del informe no alivia la comprometida situación judicial de Císcar. El IVAM compraba las obras de arte mediante contratos de compraventa y no como suministro, tal y como recoger la normativa. Pero no parece ser esta la irregularidad de mayor calado. La Intervención llama la atención acerca de la actuación de la Comisión de Adquisiciones. Siempre emite informe favorable a las propuestas de la directora gerente, pero la decisión apenas se fundamenta. Los dictámenes están trufados de «frases genéricas y estereotipadas». Cita, como ejemplo, «la oportunidad extraordinaria para enriquecer los importantes fondos del museo». Un apunte que, en teoría, serviría para justificar casi cualquier iniciativa.

Carecen las actas de más elementos que permitan evaluar la compra de las citadas piezas. Ni existe referencias al material ni las fuentes utilizadas en estos análisis ni los criterios de valoración empleados. «No están suficientemente motivados», subrayan los cuatro expertos que firman el dossier.

No terminan ahí las «incidencias» detectadas en el capítulo de obras. De nuevo, los inspectores alertan de la ausencia de «un informe individualizado» que se pronuncie acerca de la idoneidad, estudio de precio del mercado, autenticidad, estado de conservación y cualquier otra característica «relevante» para decantarse por la compra.

Las obras de Gerardo Rueda vuelven a ponerse en tela de juicio al existir «diferencias» entre el precio pagado por el instituto y la tasación. No se acredita «la búsqueda de un precio ventajoso para la colección». El juzgado analiza la compra-donación de 77 piezas de Gerardo Rueda, de las que 33 obras no figuran en el patrimonio del museo. Un auto recogía que con la fundición de ocho esculturas de Gerardo Rueda, siete años después de haber fallecido, «se benefició al heredero del artista en una cantidad superior a los dos millones de euros». El IVAM compró fundiciones al heredero, es decir, no compró piezas propias del artista.

El informe de los auditores recoge el extraño caso de la obra «Ven el agua como un palacio», de Soledad Sevilla. La compra de la obra se materializa en dos contratos. Uno, la idea en sí. Son 52.000 euros. Sorprendentemente la Comisión de Adquisiciones termina antes de que la artista envíe su oferta. El proyecto son ocho folios, la mayoría imágenes. Existe un absoluto «descontrol» acerca de si el proyecto se llegó a enviar. Esta obra de arte tenía un segundo contrato: el de montaje. Al parecer, Sevilla impuso la contratación de una determinada empresa. El importe son otros 72.000 euros. No se puede verificar que el material que realmente se recibió se corresponda con el proyecto en general.

La investigación abarca todo el periodo, pero también todas las áreas de dirección del coliseo. Todo el equipo de confianza de la exdirectora, es decir, cuatro subdirectores, también son investigados por malversación, prevaricación y falsedad. Se trata de Juan Carlos Lledó, subdirector económico; Juan Bría, subdirector de gestión interna; Norberto Martínez, subdirector de publicaciones; y Raquel Gutiérrez, subdirectora técnico-artística.

Intervención también revela deficiencias en otros ámbitos. Las lagunas en la contratación de los comisarios resultan llamativas. Los honorarios varían de 6.000 euros a 100.000. «No hay estudio o análisis previo para determinar el precio de contrato más conveniente para los intereses del Ivam».

Otra de las personas señaladas es Tomás Belaire. El profesional se embolsó 205.000 euros por servicios de traducción al valenciano. El IVAM «no tiene ningún tipo de justificación para acudir a contratos externos». Todavía sorprende comprobar que la Generalitat cuenta con un servicio de traducción que permitiría completar esta tarea de manera gratuita.

Festivales de música

El listado de deficiencias es amplio. Llama la atención también cuatro festivales de música adjudicados a la empresa Mundosenti2 sin expediente administrativo o el taller didáctico «Proyecto Arco Iris» que se dio por razones de «exclusividad» a Marina Galinda sin que consten realmente los motivos.

El transporte de obras de arte no es un apartado presupuestario de escasa importancia. En la mayoría de los ejercicios supone un gasto cercano al millón de euros. El análisis de los expertos ha permitido conocer numerosas irregularidades en la tramitación de los contratos y en las modificaciones que sufren posteriormente con el incremento de precios.

El balance de la publicidad y actos protocolarios también presenta algunas lagunas administrativas. No existe justificación suficiente para comidas, cócteles y eventos de diversa índole. Más de 200.000 euros se invirtieron en este tipo de recepciones. «No se acreditan los motivos que justifican la celebración del acto, ni en qué consiste ni tampoco los participantes».

La causa judicial partió de un anónimo enviado a la Fiscalía de Valencia. «Por circunstancias he podido estar cerca de los que hasta ahora eran los poderosos o mejor dicho aún lo son en desvergüenza y codicia», decía en referencia a la dirección del museo. El escrito no era una breve nota -como suele ocurrir en otros supuestos- sino casi un detallado reportaje. El ministerio público envió el asunto al juzgado, que comenzó una investigación en secreto. Los imputados todavía no han sido citados a declarar. La instructora esperaba la finalización de este informe y de otras diligencias pendientes para proceder con las comparecencias.

El hijo de Císcar, investigado

La nómina de investigados se amplió hace unos meses al propio hijo de Consuelo Císcar y Rafael Blasco. Existen indicios de que el descendiente se benefició de dos empresas que eran habituales contratistas del museo. La Policía sospecha que la institución pago servicios de estas mercantiles que, en realidad, eran para el hijo de la polémica pareja. Las firmas investigadas son La Imprenta -firma que también figura en el caso Palau- y Valsatrans, propiedad del empresario Enrique Martínez, imputado también en la voluminosa causa.