El TSJ da un ultimátum a Marzà para cumplir con la suspensión del decreto de plurilingüismo

El conseller de Educación, Vicent Marzà, en una comparecencia en Les Corts. / irene marsilla

El tribunal le otorga cinco días de plazo y le pide el nombre del cargo que debe ejecutarla para exigir responsabilidades en caso de desobediencia

DANIEL GUINDO

valencia. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat no tiene del todo claro que la Conselleria de Educación esté cumpliendo con la suspensión cautelar del decreto del plurilingüismo acordada el pasado 23 de mayo, por lo que la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha dado un plazo de cinco días al departamento que dirige Vicent Marzà para que precise qué medidas ha adoptado para cumplir la citada resolución judicial que suspendió cautelarmente el citado decreto, que establece el modelo lingüístico educativo valenciano en la enseñanza no universitaria. Por tanto, el TSJ da un ultimátum a Marzà para que dé las oportunas explicaciones para confirmar que, realmente, ha hecho efectiva la citada suspensión.

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En concreto, en una providencia hecha pública ayer por el TSJ, los magistrados piden información sobre «las medidas adoptadas para la efectividad de la suspensión acordada» el 23 de mayo a instancia de la Diputación de Alicante, que recurrió el decreto del plurilingüismo y solicitó la suspensión cautelar del mismo hasta que la sala se pronunciara sobre su legalidad.

En su resolución, el tribunal, que aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, solicita a Educación la identidad de la autoridad o funcionario responsable de hacer cumplir el auto que suspende cautelarmente el decreto para exigir responsabilidades en el caso de que se apreciara desobediencia.

Desde el TSJ aclararon también que la providencia no es firme, por lo que cabe interponer recurso de súplica ante la propia sala de lo Contencioso.

La conselleria ha defendido continuamente que estaba cumpliendo con la suspensión cautelar, pero en la comunidad educativa siempre han existido serias dudas. En los distintos proyectos lingüísticos previstos en las instrucciones a los centros educativos, Educación siempre ha indicado que deben aplicar el que tengan autorizado por la conselleria, sin citar expresamente el decreto del plurilingüismo. Sin embargo, surge la duda de si estos proyectos se han aprobado en base al citado decreto o a la normativa anterior. De hecho, la Diputación de Alicante considera que todo lo aprobado antes de la paralización en base al decreto también debería ser suspendido, de ahí que solicitara al propio TSJ que la ejecutara.

Por otra parte, la decisión de la sección cuarta llega después de que recientemente desestimara el recurso de la Generalitat contra la medida cautelar por la que se suspendió provisionalmente el decreto que fija las horas que han de ser impartidas en valenciano y en castellano en los centros educativos de la Comunitat en la etapa no universitaria.

Los magistrados entendieron que, de no suspender temporalmente la norma que regula el uso del valenciano en la enseñanza no universitaria, «al finalizar el ciclo formativo, la acreditación será inferior para los que opten por el castellano», «y el hecho de que puedan completarla mediante un sistema a determinar evidencia que existe discriminación entre los que opten por el idioma castellano frente al valenciano, que no necesitarán completación alguna para la acreditación de inglés».

Según el TSJ, la suspensión del decreto se acuerda porque «existe perjuicio irreparable si se inicia la educación en un nivel y no puede modificarse (por otro superior), debiendo obtenerse el certificado de idiomas del inferior».

En su resolución de junio, la sala mantiene que «pese a lo que insiste el letrado de la Generalitat, la certificación es diferente para los alumnos que opten por el básico, que siempre obtendrán una certificación inferior que los que lo hagan en el nivel avanzado, y esta diferencia de niveles viene marcada por la enseñanza en castellano o valenciano».

La sala rechazó los argumentos expuestos por la Generalitat, que consideraba improcedente la suspensión de la norma basándose en la previsión de que el decreto recurrido sólo entra en vigor en el curso 2017-2018 para la educación infantil, donde no se ha previsto la obtención de ninguna certificación. El tribunal consideró, sin embargo, que «este argumento no puede aceptarse pues si no entra en vigor inmediatamente tampoco puede perjudicar la suspensión.

En aquel auto de junio, se rechazó también la petición planteada por la Administración autonómica para que su recurso contra la suspensión cautelar del decreto fuera resuelto por el pleno de la sala de lo Contencioso Administrativo, es decir por los 23 magistrados que la integran, y no por los tres jueces de la sección cuarta que ven el asunto. El tribunal consideró que la petición de la Generalitat era extemporánea. Tras recordar que la convocatoria del pleno para resolver un asunto es competencia del presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ o de la mayoría de los miembros de la misma, los magistrados señalan que la petición «debería haberse planteado con anterioridad, esto es, al personarse el letrado de la Generalitat» o en el momento en el que se le dio traslado para oponerse a la solicitud de medida cautelar de suspensión planteada por la Diputación, pero «no cuando ya se ha resuelto la medida cautelar de forma no favorable a la tesis de la Administración demandada».

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