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Vicent Marzà. Manuel Molines
El TSJCV plantea llevar también al Constitucional el decretazo de Marzà del inicio del curso

El TSJCV plantea llevar también al Constitucional el decretazo de Marzà del inicio del curso

El magistrado se ha dirigido a las partes para que informen sobre la conveniencia de elevar el conflicto al tribunal garante de los derechos constitucionales

Miércoles, 20 de diciembre 2017, 13:05

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El decreto ley de plurilingüismo, la salida que encontró la Conselleria de Educación al inicio del curso para mantener parte de su decreto suspendido cautelarmente en mayo, está más cerca de acabar en el Constitucional. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) se ha dirigido a las partes (fiscalía, administración, Diputación de Alicante) para que informen sobre la conveniencia de elevar el conflicto al tribunal garante de los derechos constitucionales. Se trata de una de las fases del procedimiento activado después de que la corporación provincial presentara un incidente de ejecución de medida cautelar y pidiera que la Sala de lo Contencioso elevara una cuestión de inconstitucionalidad. Consideró que el decretazo sólo buscaba mantener parte del articulado anulado provisionalmente por la vía ordinaria, contraviniendo un mandato judicial dictado meses atrás. El TSJCV ha informado de que da a las partes diez días de plazo, y que después se decidirá si eleva la cuestión "por impedir la ejecución de la resolución que acordó la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo".

La conselleria justificó el decreto ley en que servía para empezar el curso con normalidad y para cumplir con la resolución, evitando una nueva admisión, imposible en la práctica de organizar en septiembre. En síntesis, el decreto ley vino a mantener los programas lingüísticos que recogía el decreto paralizado, pero sólo para 1º de Infantil (tres años). Pese a cambiar de denominación, mantenían la misma carga horaria en cada una de las lenguas oficiales y se eliminaba la doble línea lingüística (aulas de castellano y de valenciano) en algo más de 300 colegios, donde este curso, en el citado nivel, todos los alumnos están cursando el mismo programa del decreto ley (A, B o C).

Educación consideró que las familias habían elegido colegio, en el procedimiento de admisión anterior (organizado en mayo), en base a los programas derivados del primer decreto, de ahí la maniobra para su mantenimiento parcial, cumpliendo así con la elección manifestada por los padres. En el resto de cursos, en cambio, se mantuvo la regulación anterior, de 2012 y elaborada por el PP. Es decir, se acató la suspensión cautelar.

También se justificó en que el TSJCV no había resuelto el último recurso de la administración contra la suspensión, si bien no pidió que se tramitara durante agosto, una baza que podría haber jugado Educación y que obvió (u olvidó). La Diputación y las organizaciones contrarias al modelo lingüístico del Consell consideran que no era preciso recurrir al decretazo urgente, pues Educación tuvo tiempo desde finales de mayo para diseñar un ‘plan b’ de cara al inicio del curso en septiembre, cumpliendo la suspensión y manteniendo los programas lingüísticos que se venían aplicando en años anteriores (los derivados del decreto popular de 2012). Es decir, consideran que maniobró para salvar parte de su modelo.

El Gobierno tampoco ha entendido la urgencia del decreto ley y ha convocado la comisión bilateral entre administraciones para pedir explicaciones. Ya se han producido reuniones, y en caso de que no se llegue a un acuerdo, el Ejecutivo también acudirá al Constitucional.

Volviendo al procedimiento iniciado por la Diputación, el Constitucional no tiene por qué suspender cautelarmente el decretazo de manera automática en caso de que la causa le llegue finalmente y la admita, como sucede cuando el que recurre es el Gobierno central.

Fuentes de la Conselleria de Educación han destacado que el paso dado por el TSJCV no implica cambio alguno a nivel organizativo en los centros, e incluso han señalado que "el decreto ley de septiembre no corre riesgo", en el sentido de que la propia administración ya ha iniciado los trámites para derogar el decreto de plurilingüismo inicial, del que cuelga toda la madeja judicial, por lo que "automáticamente decae la causa en la que está personada la Diputación de Alicante". También han recordado que está en tramitación en Les Corts la nueva ley que fijará el modelo lingüístico de las escuelas, mucho más flexible que el decreto inicial y cuya entrada en vigor está prevista para el curso próximo.

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