El TSJ también suspende cautelarmente el recorte de aulas concertadas en Bachillerato

Un estudiante repasando apuntes, en una imagen de archivo. / William Iven

El tribunal ordena mantener los fondos públicos en La Purísima y el Domus para evitar daños irreparables a los centros y a sus familias

JOAQUÍN BATISTA VALENCIA.

«El Tribunal Superior de Justicia paraliza la eliminación del concierto de Bachillerato. Gana la educación de corazón». Con este escueto mensaje el colegio La Purísima Franciscanas de Valencia informaba a su comunidad educativa de la decisión del TSJCV, comunicada ayer a las partes. La supresión de sus líneas en la citada etapa -dos clases de primer curso- queda suspendida cautelarmente hasta que el tribunal tome una decisión firme sobre el recurso presentado. La buena noticia se hizo extensible también al colegio Institución Cultural Domus, de Godella, que se encuentra en idéntica situación.

Reacciones

Los autos suponen un nuevo varapalo a las políticas de la conselleria al sumarse al frenazo del decreto de plurilingüismo, que trascendió a finales de mayo. Se trata de las dos medidas implantadas este curso que más contestación social han provocado. La ejecución práctica de la última decisión judicial pasa por mantener los fondos públicos para sostener estas cuatro unidades. Y además, abre la puerta a que más afectados sigan los mismos pasos.

La Purísima y Domus tomaron caminos paralelos. Tras conocer oficialmente el recorte de la conselleria lo impugnaron por la vía de lo contencioso a través del despacho del abogado Pablo Delgado, pidiendo además medidas cautelarísimas que fueron desestimadas y que el tribunal transformó en cautelares, si bien también las rechazó en primera instancia. Ahora ha variado su postura tras el correspondiente recurso de reposición. El principal motivo esgrimido en el auto es el llamado peligro por mora procesal, es decir, que de no adoptarse la cautelar la sentencia que se dicte en su momento, si es favorable a los centros, quedaría en papel mojado.

Dicho de otra manera, no serviría para reparar el daño causado a los mismos y a las familias solicitantes de plaza. El auto es claro en este sentido: «Resulta que si se procediera a la ejecución inmediata de la resolución -el recorte de las aulas-, que afecta al curso escolar 2017-2018, se estaría privando de efectividad a la futura sentencia». Lo que alegaba la representación de los centros era que se causarían «daños y perjuicios de reparación imposible o difícil» a los alumnos de 4º de la ESO, «que verían disminuidos sus derechos de acceder en condiciones de igualdad a 1º de Bachillerato». También se argumentó que la supresión suponía una «alteración sustancial» de la configuración del centro» que afectaría a los próximos procesos de admisión. No se puede olvidar que muchos colegios que han perdido aulas en la etapa no sólo han reducido la demanda de nuevo ingreso en cursos previos -ante la imposibilidad para el alumno de completar su formación preuniversitaria en la misma escuela-, sino que ha provocado pérdidas de estudiantes matriculados.

El recurso de reposición también ha alegado otros motivos, como la imposibilidad en el caso del Domus de escolarizar a los alumnos por la inexistencia de alternativas públicas en Godella o «la constatación de la falta de recursos económicos de los padres de los alumnos solicitantes para poder costear la educación de sus hijos, que hasta ahora era concertada». Según se desprende del auto, en el caso de La Purísima, que siempre ha defendido que acogía a alumnado en desventaja socioeconómica, el programa informático de la conselleria sí permitió matriculaciones en 1º de Bachillerato.

Interés general

En las medidas cautelares también se valora su posible afección al interés general. Y el auto, emitido por la sección cuarta de la sala de lo contencioso, señala que este «no puede simple y llanamente ser el de la administración, sino el de la ciudadanía», y en este caso concreto, el de la comunidad docente, «a quien sirve con objetividad y eficacia».

El auto no es firme y la conselleria puede presentar recurso de casación, algo que es bastante probable teniendo en cuenta la estrategia seguida contra la suspensión del decreto de plurilingüismo.

Además, la cautelar queda vinculada al depósito de una fianza por parte de los recurrentes, equivalente a la cuantía del concierto de las aulas que vuelven a estar sostenidas con fondos públicos. Un importe que, «junto a los correspondientes intereses, tendría derecho a recuperar la administración demandada en caso de desestimación del recurso contencioso-administrativo». Aunque no se especifica la cuantía se señala que para calcularla hay que tener en cuenta que la resolución de todo el proceso puede prolongarse durante dos años.

Los centros valoraban ayer el alcance de la resolución judicial. Una primera interpretación es que los alumnos matriculados en 1º de Bachillerato (en ambos casos se han ofertado en régimen privado) puedan beneficiarse del concierto que se recupera, si bien no se descartaba pedir que se abriera un proceso extraordinario de matriculación al haber cambiado las condiciones.

El auto tiene más implicaciones, en el sentido de que cualquier centro afectado por los recortes de Bachillerato tiene la posibilidad de solicitar medidas cautelares, tal y como explicaron fuentes jurídicas consultadas por LAS PROVINCIAS. El motivo es que el plazo para presentar un contencioso contra la reducción de aulas todavía no ha acabado, pues se prolongará hasta el día 20. Es decir, si no lo han hecho ya, aún pueden impugnar la decisión de la administración y acompañar el recurso con la petición de cautelares, con la ventaja de que existe el precedente del Domus y La Purísima.

Otras vías

Para aquellos que sí hayan iniciado la vía de lo contencioso pero sin solicitar la suspensión, siempre están a tiempo de hacerlo, según las mismas fuentes. Y lo mismo pasa con los que optaran por el recurso de reposición, que se presenta ante la administración, si bien deberán esperar a que se resuelva o pedir la desestimación antes de acudir al tribunal de justicia correspondiente.

El recorte en Bachillerato ha afectado a 21 centros (de 103 que tienen la etapa conveniada) y supuso la eliminación de 27 líneas, que se tradujo en la supresión de otras tantas aulas de 1º. En el curso 2018-2019 se debían quedar sin fondos públicos las clases siguientes, las de 2º.

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