Los socorristas exigen que se regule por ley la vigilancia en las playas

Los bañistas abarrotan la playa de la Malvarrosa. / j. monzó
Los bañistas abarrotan la playa de la Malvarrosa. / j. monzó

Salvamento pide que se establezcan los recursos en función de la afluencia y la peligrosidad de las zonas tras el aumento del numero de ahogados

M. GUADALAJARA VALENCIA.

«No existe normativa específica sobre seguridad en playas en la Comunidad Valenciana, la realidad es que no hay recursos, ni control», denuncia el director de formación de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana, Salvador Perelló. La federación está volcada en la prevención y concienciación para evitar accidentes, pero «todo los esfuerzos que hacemos, sirven de poco si no hay una regulación de la vigilancia», explica Perelló.

Las autonomías delegan en cada Ayuntamiento la tarea de gestión de las playas, tanto de la limpieza y mantenimiento como los servicios de vigilancia. Cada ayuntamiento establece la partida presupuestaria que considera necesaria, pero «nunca es suficiente y más cuando hablamos de estas cifras de ahogados», insiste el director de formación de la Federación.

Los concursos para la gestión de la seguridad en las playas se dotan con partidas que califica de «insuficientes» tanto en horas de vigilancia como en recursos materiales y humanos. Esto hace que se incumplan y que «los municipios miren hacia otro lado», tal y como aseguran desde la Federación.

Salvador Perelló describe la situación desde su propia experiencia laboral, después de estar trabajando en diferentes zonas asegura que las condiciones son «casi inhumanas para los socorristas». Las jornadas son de «más de 10 horas y los sueldos mínimos», relata. Además de la falta de recursos: «en algunas playas no hay ninguna embarcación, en otras están averiadas y no se preocupan en repararlas», asegura, ya que en una ocasión avisó de que la lancha estaba sin motor, pasó una inspección y «tardaron dos semanas en repararla, en pleno mes de agosto», lo que supone un riesgo en caso de que algún bañista esté en peligro. «Algunas playas no tienen ni torres», dice, y es que si no hay presupuesto no hay torres; menos vigilancia se traduce en más probabilidad de accidentes, algo que reflejan los datos de los informes que periódicamente actualizan desde la Federación, en los que aseguran que el 94% de los ahogamientos se producen fuera del horario de vigilancia, algo que para la Federación «debería de abrir los ojos de muchos».

Del mismo modo insisten en que, aunque desde los consistorios exijan unos límites de cumplimiento, son tan «irreales con el presupuesto que destinan que ni se preocupan en que después se cumpla, porque saben que es imposible», explica Perelló.

El ejemplo lo tenemos cerca. El Gobierno Balear cuanta con un modelo que para la Federación podría aplicarse en la Comunitat para «regular la vigilancia y forzar al cumplimiento de unas normas de seguridad».

En las Islas Baleares han establecido diferentes niveles en función a la afluencia y la peligrosidad de las playas. El refuerzo de vigilancia y de recursos depende de estos niveles. «A mayor afluencia, más servicios» y lo mismo con aquellas zonas que son más peligrosas, «como las calas de rocas, porque en esas playas donde las condiciones son adversas no podemos dejarlas sin socorristas», explica Salvador Perelló.

A pesar de todo, él no se rinde, «seguiremos peleando para que se tomen en serio nuestro trabajo»; aumentar la vigilancia es «una necesidad real que deben tener en cuenta las administraciones», añade.

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