Sanidad pide un segundo informe a la Abogacía sobre la convocatoria del concurso

LAURA GARCÉS VALENCIA.

La Conselleria de Sanidad ha dado un nuevo paso en el territorio de las conversaciones con el IVO para la prestación de asistencia a los enfermos de cáncer. El departamento autonómico ha solicitado un informe a la Abogacía General de la Generalitat en torno a las bases de la convocatoria del concurso para la prestación de asistencia, según señalaron desde el propio departamento autonómico.

También destacaron que el anterior informe, del que se han derivado importantes diferencias entre las partes en busca del acuerdo, lo realizó la «abogacía delegada de la Generalitat», pero ahora se ha solicitado a la general. Además, recalcaron que el primero analizó «el borrador de la convocatoria», pero el que ahora se ha encargado se va a centrar en las «modificaciones que se reflejaron en la convocatoria que finalmente se publicó».

Días atrás, fuentes cercanas a la fundación IVO denunciaron la existencia de un informe que apuntaba que la convocatoria de Sanidad de la acción concertada para el tratamiento de pacientes enfermos de cáncer era «irregular». A ello añadieron que cuando a principios de este mes se tuvo conocimiento de que los informes «preceptivos y previos a la convocatoria» se pronunciaban en ese sentido, fue cuando el patronato decidió no presentarse al concurso.

Al día siguiente el departamento que dirige Carmen Montón defendió la convocatoria y confirmó la existencia de un estudio del mencionado órgano al señalar que «como es preceptivo, la abogacía delegada de la Generalitat elaboró un informe», aunque señaló que se trataba de un pronunciamiento «no vinculante sobre el borrador de la convocatoria de Acción Concertada». A partir de esas indicaciones «se redactó la convocatoria final".

En el entorno del IVO señalaron que el informe «negativo» se fundamentaba en que las «bases de la convocatoria son las de un concurso público conforme a la ley de contratos del sector público», pero no las que corresponderían a la acción concertada, por la que en su día optó la conselleria.

La Administración apuntó que el concurso «se ajusta tanto a los aspectos recogidos en la directiva 2014/24/UE sobre contratación pública que permite abrir nuevas posibilidades respecto de la organización de los servicios a las personas, como a la Ley 7/2017, de 30 de marzo, sobre acción concertada para la prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario, y a la orden de acción concertada».

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