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Miércoles, 16 de mayo 2018, 00:13
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Las resoluciones del Consell de Transparència son de obligado cumplimiento. Agotan la vía administrativa y cualquiera de las partes que no comparta la decisión de este organismo sólo puede acudir a los tribunales.
El Consell prepara la Ley de Gobierno Abierto en la que se procederá a modificar el estatus del organismo atendiendo a las demandas de sus componentes. Pasará a disponer de sede propia y de presupuesto, algo de los que en estos momentos carece, ya que para su funcionamiento depende de la Conselleria de Transparencia. Fuentes de este departamento explicaron que continuará siendo independiente.
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