Las residencias exigen la adjudicación de 3.300 plazas anunciadas hace nueve meses

Varias personas mayores en una residencia. / LP

El presidente de Aerte asegura que han mostrado «toda la paciencia» y sólo les queda solicitar «la firma de los contratos»

L. G. VALENCIA.

Las residencias de personas mayores no están dispuestas a esperar más. Llevan nueve meses pendientes de la adjudicación de 3.300 plazas. Ayer el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios para Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) declaró que han mostrado «toda la paciencia posible durante este tiempo, ya no nos queda más que exigir la firma de los contratos y la puesta a disposición de esas plazas para las personas que lo necesiten. Esta situación no se puede demorar más».

Estas declaraciones las ofreció tras trasladar la «absoluta preocupación» de Aerte por los «retrasos que está sufriendo la adjudicación del concurso de puesta a disposición de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de 3.300 plazas residenciales para personas mayores publicado en noviembre del pasado año».

La asociación recordó que el plazo para «presentar las ofertas acabó el 11 de enero y todavía, nueve meses después, no están firmados los contratos para que la Administración pueda disponer de esas plazas para que sean atendidas las personas en situación de dependencia que las necesitan».

Entre las circunstancias que mencionó Aerte, el concurso «sufrió un primer retraso en febrero por la exclusión de una serie de entidades». Relataron ayer que todas estas recurrieron la decisión ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que decidió que fueran readmitidas en la licitación en mayo.

La asociación señala que con «esta decisión ya se retrasó la adjudicación durante tres meses, pero lo más sorprendente fue que la Administración no avanzara en el resto de los lotes, en concreto 10 de los 13 totales, que no se habían visto afectados por las distintas suspensiones».

Los acontecimientos a los que ayer hizo referencia Aerte señalan que el pasado julio «se paralizó de nuevo el concurso por dos recursos en el TACRC por varias exclusiones en la entrega de la documentación para la adjudicación y que parece que ya están resueltas. Sin embargo, a pesar de que se levantó la suspensión hace más de 15 días todavía no se avanzado nada, ni en los lotes afectados ni en el resto».

La concurrencia de estos factores es la que llevó ayer a José María Toro a «exigir la firma de los contratos y la puesta a disposición de esas plazas para las personas que lo necesiten. Esta situación no se puede demorar más».

La explicación

A finales del mes pasado, tal como publicó LAS PROVINCIAS, las actuaciones en este ámbito sufrieron un parón. La vicepresidenta del Consell y titular del departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, explicó en esos días que la culpa no era de Igualdad -impulsora del concurso y encargada de adjudicarlo- sino de algunas de las empresas que optan a prestar este servicio y al tiempo que llevan a resolver los recursos a los tribunales. Oltra señaló en ese momento que tres de los 14 lotes en los que se divide el concurso ya están adjudicados y que el resto «tienen diferentes problemáticas».

Apuntó que algunas de las empresas excluidas del proceso han presentado un recurso ante el tribunal «y cuando pasa esto se paraliza hasta que hay una resolución».

Pero deslizó también que hay compañías que concurren por primera vez a un concurso, por lo que «tienen fallos en la presentación de documentación, desconocen los procesos y eso ralentiza el proceso final de adjudicación».

Por otra parte, los trabajadores del Instituto Valenciano de Acción Social y Sanitaria, entidad dependiente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que atiende a personas con diversidad funcional han anunciado una concentración el próximo lunes frente a la mencionada conselleria.

En un comunicado, que firman los sindicatos UGT, CC.OO. y CGT, destacan que «más de 20 años de promesas incumplidas, prometieron la integración en la Generalitat, mejoras salariales y laborales, plantillas estables».

En su escrito recalcan que llevan «20 años al margen de cualquier mejora que se incorporaba a las condiciones de trabajo del personal de la Generalitat, salarios, jornada, permisos, carrera profesional».

Hablan también del mismo periodo «sin dignificar nuestros salarios, sin consolidar nuestros empleos, más de 20 años siendo utilizados como mano de obra de una empresa pública utilizada para prestar un servicio público básico a bajo coste».

Fotos

Vídeos