Una decena de inspectores deben asumir el control de casi 300 geriátricos en la Comunitat Valenciana

Un anciano se ayuda de un bastón para empujar un carro de la compra. /Jesús Signes
Un anciano se ayuda de un bastón para empujar un carro de la compra. / Jesús Signes

Los centros de mayores lidian con cuatro meses de impagos del Consell y escasez de personal

Daniel Guindo
DANIEL GUINDOValencia

La última denuncia sobre la falta de atención sufrida por una usuaria de la residencia de ancianos de Carlet ha puesto el foco sobre este tipo de instalaciones de titularidad pública. El reducido número de inspectores que velan por el cumplimiento de la normativa; las dificultades económicas que atraviesan algunos de estos centros a causa de los retrasos en los pagos de la Administración; unas plantillas limitadas que, en vacaciones, se quedan diezmadas; una importante lista de mayores que esperan su plaza; concursos de gestión pendientes de resolver desde el año pasado; e infraestructuras, en algunos casos, obsoletas y sobredimensionadas, son las principales lagunas que presenta el actual sistema valenciano de residencias públicas, según advierten usuarios, sindicatos y gestores de estos centros.

En primer lugar, apenas una decena de inspectores autonómicos tiene que velar por el correcto funcionamiento de las cerca de 300 residencias públicas y privadas que se reparten por la geografía valenciana. Es más, el ámbito de actuación de estos trabajadores, enmarcados en el Servicio de Acreditación e Inspección de Centros y Servicios, es de 1.564 centros, en los que se incluyen los de servicios sociales y todos los de titularidad de la Generalitat. Su misión es garantizar que las prestaciones que reciben las personas atendidas reúnen las características y calidad establecidas en la normativa, así como detectar instalaciones que no cuenten con la preceptiva autorización. A menos inspecciones, por tanto, más riesgos de que esta normativa se incumpla. Además, como la propia Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas reconoce, con esta decena de inspectores no se alcanza, ni siquiera, el ratio legal, por lo que después del verano será ya veinte el número de inspectores en activo, por lo que se duplicará el servicio y, al fin, se cumplirá con las directrices que marca la legislación en este ámbito, según apuntan desde la delegación de Mónica Oltra.

Otro aspecto relevante son los retrasos en los pagos a buena parte de estos centros y que, hasta hace poco más de un mes, se remontaban en algunos casos hasta noviembre del pasado año. Incluso la patronal advirtió que, a este ritmo, las residencias podrían llegar a tener dificultades para hacer frente al abono de las nóminas de los empleados. Para paliar la situación, la conselleria ha habilitado una partida de 27 millones de euros para hacer frente a todos los pagos pendientes de liquidar con las entidades que gestionan centros y servicios de personas en situación de dependencia de la Comunitat, correspondientes a los conciertos y a la gestión integral de plazas residenciales y de día de personas mayores. Pese a ello, en estos momentos, según confirman desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte), están pendientes de abono las facturas de los últimos cuatro meses.

Estos impagos tienen una doble vertiente. Por un lado, hacen referencia a las residencias privadas con plazas públicas, es decir, instalaciones que reservan parte de sus habitaciones para usuarios financiados por la Generalitat y que han cobrado únicamente hasta febrero.

Por otro, a las residencias públicas gestionadas por entidades o empresas, de las que existe una treintena en la Comunitat. De diez de ellas (Massamagrell, la Cañada, Onil, Chiva, Chelva, Manises, Velluters, Buñol, Orihuela y Benaguacil), todavía está pendiente la adjudicación del concurso de gestión integral, en algunos casos desde el pasado año, «lo que alarga mucho el plazo de cobro de estos servicios por parte de las empresas adjudicatarias», según Aerte. En otras cuatro está pendiente la adjudicación del servicio de lavandería (Pintor Sala de Alcoy), de limpieza, lavandería y mantenimiento (Burriana), y de cocina y comedor (Silla y Mariola de Alcoy). Asimismo, sigue pendiente el concurso para la puesta a disposición de la conselleria por parte de residencias privadas de 3.300 nuevas plazas para derivar a futuros usuarios del sistema público, una iniciativa que se antoja clave para reducir la gran lista de espera de mayores que pretenden acceder a estas instalaciones.

Esta, precisamente, es otra de las lagunas de las residencias. En la actualidad, según confirmó la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la lista de espera ronda las 2.800 (según CCOO hay una espera de unos 18 meses), lo que supone que están pendiente de entrar en el sistema público más del 70% del total de plazas disponibles en las residencias públicas (tanto de gestión autonómica como indirecta), cifra que asciende a 3.888 plazas y que, prácticamente todas, están ya ocupadas. Eso sí, desde la conselleria también resaltaron que, desde el pasado mes de octubre se ha reducido esta lista de espera en unos 600 usuarios. Esta bajada se debe, en parte, a la creación de la denominada Prestación Vinculada al Servicio de Garantía, por el que se intenta que cualquier usuario pueda tener una plaza pública o pagada con fondos públicos a menos de 20 kilómetros de su domicilio.

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Otra de las cuestiones que dificulta que el servicio prestado por las residencias públicas sea el óptimo es la cantidad de profesionales que dan servicio en ellas. Según los sindicatos, prácticamente en el límite mínimo legal, lo que provoca que, precisamente en periodos vacacionales como el actual, las atenciones se resientan al registrarse una importante disminución de técnicos. Alfonso Valero, responsable de dependencia de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, apunta que, en las residencias públicas de gestión privada, «los ratios son insuficientes» por lo que, sumado a las bajas y a las vacaciones, «hay una sobrecarga de trabajo muy grande». En esta línea, añade que, por la noche, los mínimos exigidos son todavía menores por lo que «es muy difícil de llevar, por ejemplo, a enfermos de Alzheimer». Así, mientras que, sobre plantilla, el ratio es de dos auxiliares de enfermería por cada nueve residentes, y un trabajador general (limpieza, lavandería, mantenimiento, recepción, cocina y administración) por cada diez, por la noche se reduce, por ejemplo a un auxiliar por cada 35, dos por cada 100 y tres para entre 101 y 150 usuarios.

Sobre ello, Toro defiende la mejora de estos ratios, pero subraya que «si queremos aumentar el personal deberemos contar con más recursos económicos para cubrir los costes que impliquen». Además, añade, «deberíamos tener mayor flexibilidad para, dentro de los ratios exigidos, poder elegir las figuras profesionales que se adapten más a las necesidades de las personas que hay en cada uno de los centros».

Al respecto, desde Igualdad apuntan que desde la Conselleria existe la voluntad de mejorar las ratios, pero hay una limitación por parte del Ministerio de Hacienda que en estos momentos impide la ampliación de plantillas en las administraciones públicas.

En relación a los diez centros públicos de gestión autonómica, tanto Vicente Soler, también del ámbito de residencias de CCOO, como Toni Femenía, de la Federación de Empleados Públicos de UGT, añaden las dificultades para encontrar sustitutos a los empleados de estos centros (cuentan con peores condiciones y salarios que en el ámbito sanitario).

Por último, el presidente de la Asociación Valenciana de Familiares y Usuarios de Centros Geriátricos, Ramón Saborit, lamenta también esta falta de personal, agravada en verano, y de organización en los centros. «Se dan casos en que levantan demasiado temprano a los usuarios para que les dé tiempo, o no les cambian los pañales con demasiada frecuencia, lo que desemboca en infecciones, y ofrecen, en ocasiones, una deficiente alimentación», denuncia.

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