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R. V.
Sábado, 3 de febrero 2018, 00:08
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valencia. La universidad española necesita una reforma profunda. Esta es una de las principales conclusiones que alcanzaron los rectores de 76 universidades españolas reunidos ayer en Valencia. Ante ello, reclamaron un pacto de Estado que asegure su desarrollo en el tiempo, ya que «no hay futuro en España si no hay un buen futuro para la universidad», según aseguró Roberto Fernández, presidente de la Conferencia Española de Rectores Españoles (CRUE).
Los dirigentes de las universidades españolas acordaron una estrategia para trasladar al Congreso y al Gobierno la necesidad de situar los problemas de la universidad «en primera línea de debate y preocupación». La CRUE espera que todo ello desemboque en una ley de universidades o en una «reforma profunda» de la actual».
La conferencia de rectores dio el visto bueno a su agenda política para el año en curso. Entre los puntos incluidos en ellas se encuentra la necesidad de una mayor financiación estatal para las universidades, el desarrollo de medidas que mejoren la situación del profesorado y del Personal de Administración y Servicios (PAS), una reducción de las tasas universitarias y un aumento de las becas y ayudas a estudiantes.
El también rector de la Universitat de Lleida explicó que su hoja de ruta pasa por dos ejes: el «fortalecimiento» del sistema universitario de España y también de las comunidades universitarias.
En materia de financiación, la CRUE defendió el establecimiento de criterios mínimos a nivel estatal para asegurar la suficiencia de las universidades públicas, teniendo en cuenta tanto la actividad docente como la investigadora. Fernández reclamó en esta línea aumentar el porcentaje real del PIB destinado a I+D+i, medidas para alcanzar los objetivos de inversión privada y el desarrollo del sistema de mecenazgo, dado que «a estas alturas no hay una ley que permita ejercerlo con garantías, con beneficios fiscales».
Dentro de las acciones encaminadas a fortalecer el sistema universitario, la Conferencia consideró necesario que los claustros y consejos sociales cuenten con mayor autonomía política y de gestión, sin dejar de tener un marco estatal mínimo de regulación.
Para los estudiantes, la CRUE reclamó una bajada de las tasas públicas, un aumento el número de becas y la eliminación de barreras con calificaciones superiores al 5 (sobre 10), para defender los intereses de los universitarios y la «igualdad de oportunidades».
Por otro lado, Fernández, aseguró ayer que tratará de trasladar «ya» al Gobierno la problemática de los profesores asociados, y subrayó que es una situación que proviene de «los recortes que hizo en su momento el Gobierno en las universidades», por lo que sostuvo que la solución debe ser también económica.
Fernández se refirió a que se trata de un problema que afecta a toda España y no solo al colectivo de la Universitat, por lo que pidió estudiarlo con «visión de conjunto».
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