«No quieren al mejor, sino al que hable la lengua»

D. GUINDO VALENCIA.

«Es una auténtica barbaridad lo que se está cometiendo» en la autonomía. Así de tajante se mostró ayer el presidente de la RED Asociación de Docentes Interinos de la Comunitat, Virgilio López, al valorar la exigencia de que los docentes interinos cuenten con la capacitación en valenciano para poder trabajar en el ámbito educativo y la decisión judicial de no suspender cautelarmente la resoluciones que lo amparan. En esta línea, explicó que, al prescindir de este millar de profesores, en su gran mayoría con años, e incluso, décadas impartiendo clases «se va a contratar a personas sin experiencia, pero con el valenciano», algo que, en su opinión, «es un problema». Parece que «no queramos al mejor médico o al mejor cirujano, sino al que hable valenciano», resumió.

En relación a la desestimación de la medida cautelar por parte de los magistrados, López lamentó que los jueces no tengan en cuenta la directiva europea 1999/70 «que dice que no debe existir discriminación entre los empleados fijos y los contratados» en el sentido de que a los funcionarios con plaza sin la capacitación no se les ha exigido que obtengan esta titulación lingüística (excepto a aquellos que, cuando se presentaron a las oposiciones, ya era un requisito exigible).

Además, también recordó que hay profesores valencianos que han tenido que emigrar a otras autonomías en busca de una oportunidad laboral y que en este tiempo no han obtenido la citada capacitación, de ahí que ya no puedan regresar a la Comunitat.

En esta línea, el presidente de la entidad también advirtió que próximamente la Conselleria de Educación tendrá que abrir bolsas de urgencia porque, al prescindir de estos 1.200 interinos, no habrá suficientes docentes para cubrir todas las plazas. En estas nuevas bolsas, probablemente, ocuparán las primeras posiciones aquellos que tengan el citado título lingüístico pero, tras ellos, habrá docentes sin la capacitación que tendrán la oportunidad de seguir trabajando para la Administración autonómica.

Por último, López auguró que los afectados seguramente acudirán, incluso, hasta el Tribunal Supremo con tal de defender sus derechos laborales.

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