La Purísima reclama a Marzà un plazo especial de matrícula en Bachillerato

El centro considera que pasarán dos años hasta que la Justicia se pronuncie de forma definitiva sobre los fondos públicos

EFEValencia

El Colegio La Purísima Franciscanas de Valencia ha pedido al conseller Marzà que amplíe el plazo de matrícula en Bachillerato tras recuperar, de forma cautelar, el concierto durante el tiempo que transcurra hasta que se celebre el juicio, lo que podría extenderse hasta dos años.

La Purísima ha realizado esta petición tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de estimar el recurso de reposición interpuesto por el colegio, acordando la medida cautelar de "otorgamiento del concierto educativo solicitado por este centro docente, mientras se tramita y resuelve el recurso contencioso-administrativo".

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Este proceso, según indica el propio auto judicial, podría extenderse durante dos años, por lo que La Purísima vuelve a ofrecer para el próximo curso las 70 plazas concertadas para 1.º de Bachillerato y exige a la Conselleria de Educación un periodo de matrícula extraordinario.

El TSJCV ha basado su decisión apoyándose en los motivos presentados por el centro en su recurso, entre los que se encuentran "los evidentes daños y perjuicios que esta decisión causaba a los 58 alumnos de 4.º de ESO, y a sus familias, que verían disminuidos sus derechos de acceder en condiciones de igualdad a primero de bachiller".

Según se argumenta en el auto del tribunal, la justificación de adoptar esta medida cautelar responde al hecho de que "la dilación del procedimiento provocaría que, de serle reconocido posteriormente el derecho a obtener el ciclo formativo de bachiller para el curso 2017/2018 dentro de varios meses, la eficacia de la sentencia habría decaído totalmente", pues el curso ya habría comenzado.

Además, según ha argumentado el centro, "la eliminación de la oferta de Bachillerato supondría un evidente perjuicio pues los solicitantes no serían recuperables lo que provocaría una alteración sustancial de la configuración del centro así como la consecuente pérdida de puestos de trabajo".

El auto recuerda que "el interés general al que se refiere la Ley Jurisdiccional no puede ser simple y llanamente el de la Administración, sino el de la ciudadanía y, preferentemente, la ligada por razones escolares, la comunidad docente, a quien sirve con objetividad y eficacia".

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