El plurilingüismo se acerca al Constitucional tras rechazar el TSJCV el último recurso

Manifestación organizada en marzo contra el decreto de plurilingüismo. / jesús signes
Manifestación organizada en marzo contra el decreto de plurilingüismo. / jesús signes

El tribunal puede presentar una cuestión de inconstitucionalidad contra el decretazo del Consell si lo plantea la Diputación

JOAQUÍN BATISTA VALENCIA.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) rechazó ayer el último recurso presentado por Educación para intentar mantener su modelo plurilingüe, recogido en el decreto aprobado en febrero y suspendido cautelarmente a finales de mayo. En el escrito, presentado el 31 de julio, defendía su manera de aplicar la medida judicial frente al criterio del tribunal, que instaba a volver al sistema anterior, regulado por los decretos del PP de 1997 y 2012. La resolución de ayer reitera que las actuaciones de la conselleria para cumplir la cautelar no se ajustaban a derecho e insiste en recuperar el modelo previo para todo el alumnado como una manera de evitar un vacío legal hasta que haya sentencia.

La novedad radica en que es la primera vez que una resolución del TSJCV se refiere al decreto ley del 1 de septiembre que el Consell aprobó por la vía de urgencia y que permite, sólo en 1º de Infantil, mantener la regulación de la norma suspendida. En síntesis, la carga horaria en las lenguas oficiales que recoge es la misma que la que el decreto de febrero atribuía al citado curso. Marzà defendió que con esta alternativa se daba seguridad a los centros ante el inicio del curso respetando la elección de las familias en la última admisión, iniciada con la norma ahora suspendida -y sus niveles lingüísticos- en vigor.

«Cuestión diferente que no ha sido objeto de debate en el presente incidente (de ejecución de cautelares) será la incidencia del decreto ley 3/2017 (...) en las resoluciones judiciales que estamos examinando», señala el auto.

Una de las preguntas que suscitó la maniobra del Consell era qué implicaciones jurídicas podría tener. Al fin y al cabo, existe un decreto suspendido en su totalidad y la administración recurre a una vía legislativa reservada para situaciones excepcionales que, sin entrar en su idoneidad o justificación, en la práctica permite esquivar parte de la medida adoptada por un tribunal.

Las fuentes jurídicas consultadas por LAS PROVINCIAS explicaron ayer que «el TSJCV podría plantear al Tribunal Constitucional (TC) una cuestión de inconstitucionalidad en el marco de un incidente de ejecución de resolución judicial instado por una parte», que en este caso sería la Diputación de Alicante, promotora de la cautelar. Las mismas fuentes precisaron que para ello debería justificar por qué el decreto ley choca con la decisión del tribunal, en este caso la suspensión.

No es una práctica nueva. Por ejemplo, el TSJ de Castilla y León la tuvo que plantear a petición de una asociación ecologista después de que la administración impulsara una ley que impedía la aplicación de una sentencia sobre la ordenación de un espacio natural. Cabe recordar que la cuestión de inconstitucionalidad es una vía diferente al recurso ante el TC, que sólo pueden presentarlo el Gobierno, el Defensor del Pueblo o 50 diputados o senadores.

La Diputación de Alicante ya impulsó un incidente de ejecución cuando consideró que Educación no estaba aplicando la cautelar de mayo, y el tribunal le dio la razón, ordenó la vuelta al modelo de 2012 y ayer lo reiteró al tumbar el recurso de la conselleria. En cuanto al futuro inmediato, tras conocerse el decreto ley el presidente César Sánchez dijo que volverían a presentar otro incidente de ejecución para que se hiciera efectiva la suspensión cautelar, por lo que todo indica que se explorará la citada vía.

Sin efectos para este curso

Volviendo al auto de ayer, además de condenar a la administración autonómica al pago de 350 euros en concepto de costas, se le critica veladamente al señalar que tuvo tiempo de modificar los proyectos lingüísticos y el sistema de admisión tal y como defiende la Diputación, pues la cautelar se conoció el 23 de mayo. La idea choca con los argumentos utilizados para justificar el decreto ley, como que impulsar una nueva matrícula habría sido caótico por la cercanía del inicio de las clases. Por su parte, desde la conselleria dijeron ayer que la resolución no afecta en nada a la organización de este curso gracias al impulso de la citada normativa.

El último recurso fue polémico porque Educación no pidió que se resolviera en agosto, y por tanto el auto ha llegado ahora. Marzà también defendió el decreto ley en que empezaba el curso sin que hubiera pronunciamiento judicial.

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