El PP se plantea recurrir el decretazo al considerar que puede ser inconstitucional

El presidente de Les Corts no ve irregular la convocatoria del pleno sobre plurilingüismo antes del debate de política general

EP/EFE ALICANTE.

El presidente del PP de la provincia de Alicante, José Císcar, advirtió ayer de que «si hay materia» para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo decreto ley de plurilingüismo se planteará aludiendo a los derechos fundamentales a la educación y la igualdad. Además, criticó que tiene como objetivo «eludir» la suspensión cautelar dictada por el TSJCV tras el recurso presentado por la Diputación de Alicante y denunció que «abre la posibilidad» de que los alumnos de tres años no tengan clases de inglés, cuando el decreto de 2012 obligaba a una hora y media «como mínimo».

En este sentido acusó al presidente Puig y a la vicepresidenta Oltra de perseverar «en su verdadero objetivo: la progresiva imposición del valenciano». Añadió que «de lo que se trata es de la desaparición del castellano de la educación, de la administración, de los usos oficiales, lo que en su día se inició y ocurrió en Cataluña y que es el modelo con el que sueña Compromís para la Comunitat y con el que sueña una parte importante del PSPV, entre la que se encuentra Puig».

A juicio del PP, «hay elementos» que apuntan a la «más que posible» inconstitucionalidad. Ciscar argumentó que el decreto ley «sólo se puede utilizar para casos excepcionales» y sostuvo que el Consell era conocedor de la suspensión del decreto de 2017 desde mayo, de manera que «no se puede alegar urgencia» por el inicio del curso. También agregó que no existe «extraordinaria necesidad» porque cuando se suspende la norma «no se produce vacío normativo» al estar la de 2012, como dijo el TSJCV. Finalmente señaló que no puede regular derechos fundamentales al entrar dentro del ámbito de las leyes orgánicas.

Por su parte, el presidente de la Diputación, César Sánchez, anunció que presentarán ante el TSJCV «otro incidente de ejecución para que se haga efectiva» la suspensión cautelar y para «defender los intereses de los ciudadanos de la provincia», al considerar que el decreto ley es una «burla a la justicia».

Por otra parte, el presidente de Les Corts Enric Morera ha remitido un escrito a la portavoz del PP Isabel Bonig indicando que no considera irregular la convocatoria de un pleno para validar el decreto ley antes del debate de política general y que, frente a lo que sostienen los populares, no puede derivarse ninguna «consecuencia jurídica».

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