Pedralba recurre a la justicia para que se retome la variante paralizada en 2016

Dos camiones cruzan Pedralba casi tocándose. / lp
Dos camiones cruzan Pedralba casi tocándose. / lp

Medio Ambiente obligó a detener el proyecto pese a que la Diputación y el propio Consell aprobaron la ocupación de terrenos para comenzar las obras

ISABEL DOMINGO VALENCIA.

El Ayuntamiento de Pedralba ha presentado un recurso contencioso administrativo en los juzgados de Valencia contra la Diputación para instar a que la corporación provincial retome el proyecto de ejecución de la variante sur de la población, planteada para evitar el elevado paso diario de camiones por la población que, en numerosas ocasiones, rozan fachadas y se llevan parte de las construcciones.

Se trata de un proyecto que cuenta con informes medioambientales favorables y que la institución que preside Jorge Rodríguez licitó a finales de 2014. Con las obras adjudicadas, el Consell aprobó en un pleno de febrero de 2016 la urgente ocupación de bienes para la ejecución de la variante con el objetivo de aumentar la seguridad vial y evitar las molestias a los vecinos.

Sin embargo, ese mismo día (26 de febrero), la Conselleria de Medio Ambiente, a instancias del secretario autonómico, Julià Álvaro, ordenaba la suspensión temporal de la tramitación del expediente alegando la necesidad de revisar más alternativas. «Eso a pesar de que para escoger la variante sur se revisaron otras propuestas y se escogió la que tenía menor coste y menor afección sobre el parque del Turia», señaló el diputado Javier Berasaluce.

De hecho, hubo dos propuestas (norte y sur) con cuatro alternativas cada una de ellas. La opción escogida, para la que no se presentó ninguna alegación, tiene un coste de 3,82 millones para los 2,2 kilómetros de su ejecución. El que se baraja actualmente podría rondar los nueve millones

Sin embargo, a pesar de la paralización dictada por la conselleria, «no existe ningún documento oficial firmado que recoja ese hecho», comentó el alcalde de Pedralba, Roberto Serigó. Por ello, con los terrenos en proceso de expropiación, «ni los vecinos pueden cobrar ni pueden trabajar dada la inseguridad que hay». Unos vecinos que recogieron 1.530 firmas a favor de la construcción de este vial y se manifestaron en Valencia para pedir soluciones.

De momento, el juzgado ha admitido a trámite la demanda presentada por el consistorio. «No nos ha quedado otra», remarca Serigó. Dos años después de la descoordinación en el seno del Consell y del desencuentro del Ejecutivo autonómico con la Diputación, la situación de la variante sur sigue bloqueada mientras los socios de gobierno en las dos instituciones (PSPV y Compromís) buscan una solución para este conflicto.

En el presupuesto de la corporación para 2018 sólo se recogen 50.000 euros para nuevos estudios. El único avance ha sido la colocación de unos semáforos para mejorar la seguridad de los peatones que cruzan por las calles Acequia y Colón aunque, según el alcalde, aún no se han instalado.

El nuevo PORN

La falta de una resolución administrativa de Medio Ambiente o de Diputación que confirme la paralización definitiva de la variante no es la única denuncia que realizan el alcalde de Pedralba y el grupo popular en la Diputación.

También recuerdan que el acuerdo del Consell sobre la ocupación de bienes no se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat hasta casi dos semanas después, un 15 de marzo. Según indicaron, el retraso se debió a que la conselleria remitió primero (9 de marzo) la orden para modificar el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Turia.

Así, la decisión política de paralizar el proceso de construcción tendría una «justificación técnica», pues la revisión del PORN establece en el artículo 62 sobre los criterios generales en las infraestructuras que «las nuevas infraestructuras viales de la red estatal, autonómica o local que se localicen en las inmediaciones de las zonas de inundación de los cauces de los ríos o ramblas requerirán de informe vinculante del órgano competente en espacios naturales protegidos».

El proceso de revisión podría prolongarse dos años y la declaración de impacto ambiental (DIA) tiene una fecha de caducidad a los cinco años. Por ello, el consistorio ha decidido acudir a la justicia para instar a que se ejecute «un proyecto necesario y que tiene una mínima afección sobre el parque natural», recordaron fuentes populares.

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