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Lunes, 11 de febrero 2019, 13:52
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Cejuego, la patronal del juego privado en España, ha criticado esta mañana las incongruencias del proyecto de Ley del Juego de la Comunidad Valenciana, que actualmente se tramita en Les Corts, debido a que algunas enmiendas presentadas por partidos que apoyan al Consell «no tienen sentido y suponen una autoenmienda» a la propia normativa. Así, lo ha explicado el director general de Cejuego, Alejandro Landaluce, quien ha puesto como ejemplo la distancia mínima de los salones de juego de los colegios, ya que la ley contempla un mínimo de 150 metros y en una enmienda de Compromís se solicitan 250 metros.
Para la patronal del sector, este tipo de medidas crean «inseguridad jurídica» pues debe existir un «criterio claro» de distancias y también quieren qué sucederá con los establecimientos ya instalados, puesto que la normativa tiene carácter retroactiva y los locales podrían perder las licencias al solicitar su renovación. Según las estimaciones que han realizado, cerca del 50% de los salones de juego en la Comunitat podrían verse afectados.
Cejuego también ha criticado la falta de diálogo con la Generalitat, «pues la conselleria implicada no ha tenido la deferencia de sentarse con el sector», algo que, según ha indicad, «sí que sucede en el resto de comunidades autónomas». En este punto, ha recordado que la tributación autonómica ha subido del 10 al 20% mientras que en el resto de España se sitúa en el 10%, excepto en Castilla y León y en Baleares con el 12 y el 11%, respectivamente.
Otra de las contradicciones de la ley valenciana que Cejuego ha puesto sobre la mesa es la obligación de colocar dispositivos de activación (mandos a distancia) en las máquinas recreativas instaladas en los locales de hostelería. Según ha detallado Landaluce, la Comunitat es la única que contempla que sea el cliente quien solicite el encendido de la máquina. Sin embargo, ha continuado, «se va a eliminar la autorización para instalar terminales de los juegos estatales [lotería, quinielas, cupones, etc.]», por lo se fomenta «el juego público». «Las reglas deberían ser las mismas para todos», ha remarcado el director general de la patronal.
Sobre este punto, también ha explicado que el plazo de tres meses para adaptar las 21.000 máquinas existentes en la Comunitat es «inviable». En el caso de las terminales de tabaco ha recordado que se dieron 18 meses para su adaptación.
Preguntado por el acceso de menores a los locales de juego, Alejandro Landaluce ha señalado que de las más de 50.000 actas de inspección en la Comunitat no hubo ninguna relacionada con caso de acceso de menores. «Está prohibido y velamos por que se cumpla lo establecido en la ley», ha añadido al tiempo que ha apuntado que en Navarra y País Vasco existen sanciones para el menor que intenta acceder a un establecimiento.
Respecto a las cifras del sector del juego en la Comunitat, la patronal ha apuntado un descenso del 26% respecto a los datos de 2007, cuando se jugaban 863 millones frente a los 637 actuales. El juego privado aportó en impuestos a la Generalitat 137 millones en 2017 y cuenta con 30.000 puestos de trabajo (7.000 empleos directos y 23.000 indirectos).
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