El TSJ paraliza por segunda vez el decreto sobre plurilingüismo

Un grupo de alumnos atienden al profesor en clase. / LP

El tribunal acepta los argumentos de la Asociación para la Defensa del Castellano y ordena la suspensión cautelar por los efectos sobre los alumnos

Juan Sanchis
JUAN SANCHISValencia

De nuevo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha dado un varapalo a la Conselleria de Educación al aceptar la petición de la Asociación para la Defensa del Castellano, una entidad integrada por padres y madres de alumnos nacida en Requena e implantada ya en toda la Comunitat, y suspender cautelarmente por segunda vez el decreto sobre plurilingüismo.

A fines del pasado mes de mayo el TSJ ya atendió la petición de medidas cautelares reclamadas por la Diputación de Alicante y suspendió cautelarmente el decreto. El 31 de mayo la Conselleria de Educación presentó sus argumentos para levantar la suspensión.

Ahora, tras la aprobación de las medidas cautelares solicitadas por la Asociación en Defensa del Castellano, la Conselleria de Educación se encuentra ante un nuevo obstáculo para poder poner en marcha el nuevo modelo de política lingüística el próximo curso.

La asociación denunciará a directores y centros que apliquen el nuevo modelo

En concreto la Asociación para la Defensa del Castellano (DDC) considera que la sentencia sobre el recurso podría no estar lista antes del inicio del próximo curso escolar. Ante ello, apuntan que de esta forma los alumnos comenzarían el curso bajo sus efectos.

La petición de medidas cautelares argumenta, de esta forma, que «una hipotética sentencia estimatoria del recurso, que conllevara la nulidad total o parcial del Decreto, sería difícilmente ejecutable sin causar graves e irreparables perjuicios a los alumnos».

El TSJ remite a los argumentos utilizados en el recurso de la Diputación de Alicante

También señala que «no se aprecia que pudiera existir una perturbación grave para los interesas generales por el hecho de continuar aplicando la normativa existente (...) En este sentido hay que incidir en que hay familias con niños ya escolarizados que van a ver alteradas las normas de aplicación, tanto para ellos, tanto para ellos, como para los hermanos que van a comenzar a ser escolarizados a partir del curso que viene».

El TSJ ha acogido estos argumentos y con fecha de 5 de junio ha emito un auto en el que remite a la decisión de este tribunal de 23 de mayo por la que suspendía cautelarmente la aplicación del decreto a petición de la Diputación de Alicante.

En concreto la resolución del TSJ señala que «la cuestión debatida en esta pieza separada es idéntica a la que se resolvió por auto de fecha de 23 de mayo de 2012 dictada en la pieza de medidas cautelares nº 142/2014, en que se pedía la suspensión del Decreto 9/17, de 27 de enero, que establecía el modelo lingüístico educativo valenciano en la enseñanza no universitaria. Las razones señalas en el referido auto son totalmente trasladables al caso que nos ocupa, por lo que procede dar la misma solución jurídica, en virtud de los principios de seguridad jurídica y unidad de doctrina». Ante ello, acuerda la adopción de las medidas cautelares solicitadas por la DDC «sin necesidad de prestar fianza».

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En el auto en el que se aplicaban medidas cautelares a petición de la Diputación de Alicante se afirmaba que «resulta evidente que de no suspenderse hasta que recaiga sentencia un gran número de alumnos podría ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas».

Además, señala que «existe una diferencia entre los niveles Básico, Intermedio y Avanzado», argumento básico esgrimido por la Diputación alicantina para solicitar la paralización del decreto. Para el tribunal, «es evidente de que no adoptarse la solución de paralizar su ejecutividad (la del decreto) podrían producirse graves daños y perjuicios de reparación imposible o difícil para los intereses y derechos de la parte recurrente».

Por otro lado, el TSJ aclara que «el servicio público no resulta afectado» por la decisión. También apunta que el auto exclusivamente se refiere «únicamente a la medida cautelar, no al fondo del recurso» y que por lo tanto no «prejuzga nada de lo que pueda resolverse en su día en la sentencia que se dicte».

La pasada semana la Conselleria presentó sus alegaciones a la suspensión cautelar pedida por la Diputación de Alicante. Entre sus argumentos alegaron que la institución provincial no está legitimada para presentar el recurso «porque no es competente en materia educativa». Para la Conselleria de Educación, según las alegaciones planteadas en el recurso de reposición, no existe discriminación «porque todos los centros pueden acreditar al alumnado».

Además, consideran que «no habrán daños irreparables» en caso de aplicación del decreto por lo que en su opinión no se justifican la adopción de medidas cautelares. Añaden que hasta el año 2023-2024 no empieza a acreditarse al alumnado, en el sentido de que los primeros títulos de idiomas sólo se podrán conseguir tras superar la Primaria. Pero la realidad es que ya hay centros que tienen previsto adoptar el nuevo modelo en Primaria el próximo curso.

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