Los padres tampoco podrán votar el peso de cada lengua en los colegios con la nueva ley

Página web creada en 2014 por la conselleria para que los padres pudieran votar sobre las lenguas de enseñanza. / j. p. reina

Los centros que quieran aumentar la presencia del valenciano tendrán recursos adicionales como profesorado o actividades extraescolares

JOAQUÍN BATISTA VALENCIA.

«¿Tanto miedo hay a que las familias puedan elegir las lenguas de enseñanza de sus hijos?». La pregunta la lanzó ayer Ramón López, presidente de la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres (Covapa), la organización representativa de la escuela pública que lleva más de un año reclamando que sean estas las que puedan determinar el peso del castellano y del valenciano a través de una consulta. Y es que la proposición de ley que aprobará Les Corts, más allá de las cesiones respecto al modelo anterior, tampoco incluye ningún mecanismo que dé voz a todos los padres que quieran pronunciarse.

Según el borrador, nada cambia en cuanto al procedimiento de elaboración del Proyecto Lingüístico de Centro (PLC), que debe recoger el porcentaje que se aplica a cada lengua: un mínimo del 25% del horario ha de ser en valenciano, otro 25% en castellano y el inglés debe oscilar entre el 15% y el 25%. La definición del mismo corresponde a la dirección del centro, si bien se dice que el Consejo Escolar «consensuará la propuesta por mayoría cualificada de dos tercios de los miembros». Si no hay acuerdo decidirá Educación «de acuerdo con las evaluaciones y el contexto socioeducativo y demolingüístico». Es lo mismo que con el decreto fallido de febrero, por lo que la participación de las familias se reduce a los nueve representantes en los consejos escolares, tomando la referencia del centro tipo.

Como apuntó López, «aunque los padres hicieran una propuesta perfecta, fiel reflejo de la realidad y el entorno lingüístico, no podrían sacarla adelante», pues se necesitaría el apoyo de otros miembros, incluyendo profesores. «Las familias vuelven a quedarse fuera», lamentó, antes de reivindicar que no es una cuestión de pedagogía. «No hablamos de elegir qué tienen que estudiar nuestros hijos, sino de decidir la lengua vehicular», dijo. «Pesa más la voz de los representantes de 60.000 docentes que la de los representantes de 700.000 familias», ejemplificó.

Este mecanismo se contempla únicamente para los centros públicos. En los concertados la decisión última corresponde a la titularidad, oído el consejo escolar. Los privados por su parte no están obligados a aplicar el nuevo modelo.

El mismo artículo del borrador dice que el PLC «será el resultado de un proceso participativo que se basará en criterios pedagógicos». La expresión es ambigua y permite diferentes interpretaciones: desde que intervendrán los miembros del claustro y los departamentos en su elaboración -como en el decreto de febrero- hasta que se permitirán, incluso, mecanismos como la consulta. Sin embargo, a preguntas de LAS PROVINCIAS sobre esta segunda posibilidad, desde la conselleria cerraron esta puerta al señalar que las familias participarán «por medio del consejo escolar del centro». En los meses anteriores algún colegio llegó a hacer consultas de este tipo antes de adaptarse al decreto anterior, si bien fue por iniciativa propia al no existir obligatoriedad.

En la tramitación de la normativa de febrero, que quedará derogada con la nueva ley, Covapa ya pidió que hubiera consultas que permitieran participar a las familias que lo desearan, tanto en la Mesa de Padres como en el Consejo Escolar Valenciano. Ayer López lamentaba que al haberse escogido la fórmula de la ley, la tramitación queda en manos de los partidos y por tanto no tendrán participación, de ahí que pidiera que al menos no salga adelante con mayoría simple «sino que alcance los dos tercios de los diputados, lo que será síntoma de consenso».

La consulta también fue solicitada por la asociación mayoritaria de inspectores en la Comunitat (Usie cv) «en aras de la democracia interna de los centros, la transparencia del proceso y el derecho a la participación de todos los sectores en un asunto tan relevante», según se plasmó en las alegaciones presentadas en su momento. Incluso en el primer informe de la Abogacía de la Generalitat sobre el borrador inicial del decreto de febrero se planteaba esta cuestión. En la siguiente valoración, firmada por otra letrada, dejó de aparecer la referencia.

El precedente

La consulta sobre las lenguas de enseñanza llegó a implantarse siendo María José Català consellera de Educación. No era vinculante, pero debía servir a la administración para valorar peticiones de cambio de programa lingüístico por parte de los centros. Se organizó una convocatoria de manera telemática y con poco tiempo de reacción para informar a las familias, lo que afectó a la participación, que fue muy discreta. Sin olvidar que hubo numerosos llamamientos al boicot por parte de entidades y sindicatos especialmente críticos con las políticas del PP. En 2015 fue derogada por los actuales gestores aprovechando una normativa sobre la admisión.

La proposición de ley tiene más similitudes con el modelo del Consell que encalló en los tribunales. Se mantiene la eliminación del doble programa lingüístico, de manera que no podrán convivir en el mismo colegio grupos formándose en castellano con otros que lo hagan en valenciano. También los incentivos para las escuelas que quieran aumentar la presencia de la lengua propia. Eso sí, sin vinculación con el inglés. Por ejemplo, la conselleria «promoverá que los centros sostenidos con fondos públicos vehiculen el 50% del tiempo curricular en valenciano», así como un 25% en la lengua extranjera. Para ello se prevé dotación de profesorado adicional allí donde se necesite (en cualquiera de las lenguas) o la promoción de actividades complementarias y extraescolares para fomentar la competencia comunicativa oral.

Estas medidas se podrán aplicar en cualquier centro, aunque se dará prioridad, en este orden, a los que escolaricen a alumnado mayoritariamente no valencianohablante, a los que tengan estudiantes en riesgo de exclusión social, cuenten con un número elevado de alumnado recién llegado a la Comunitat y a los que «promuevan la normalización del valenciano y la mejora de la competencia en lenguas extranjeras».

Otro paralelismo es la idea de que aquellos centros que ya tenían implantada una línea en valenciano no podrán reducir el peso de la lengua autonómica en su nuevo PLC, que deberá ser, como mínimo, igual. El decreto de febrero tampoco permitía cambios en este sentido. Sólo dejaba mantenerlo o aumentarlo.

En cuanto a diferencias, una es el calendario de implantación, más ambicioso que el de la norma de febrero, que se prolongaba hasta el 2023-2024. El ejercicio que viene los nuevos porcentajes se aplicarán en Infantil y en 1º y 2º de Primaria, al siguiente en el resto de cursos y en Especial y en el 2020-2021 en ESO, FP, FPA y Bachillerato.

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