Padres planean no llevar a los hijos a clase si no se aclara el modelo lingüístico

Padres planean no llevar a los hijos a clase si no se aclara el modelo lingüístico

Las organizaciones críticas con la normativa del Consell reclaman que se concrete cómo se aplicará la suspensión cautelar del decreto

J. BATISTA VALENCIA.

El Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular, que agrupa a diferentes colectivos de padres de alumnos de la Comunitat, anunció ayer que están planeando pedir a las familias que no lleven a sus hijos al colegio de cara al inicio de curso «si no hay claridad en la aplicación del decreto de plurilingüismo». De la normativa se desprenden los proyectos lingüísticos que funcionan en los centros, esto es, el peso de cada lengua en las clases, y está suspendida cautelarmente por el TSJCV en su totalidad, por lo que se vuelve al modelo anterior, que se aplica desde 2012 y fue implantado por el Partido Popular.

Sin embargo, los centros cerraron sus puertas por vacaciones sin recibir ninguna instrucción oficial de la conselleria sobre cómo proceder, lo que está generando, como explican desde el foro, situaciones de incertidumbre y dudas.

«Si llega el 1 de septiembre y sale el conseller y aclara cómo va a aplicar la medida cautelar para volver al modelo de 2012 retiraremos la propuesta», explicaron fuentes de la organización, integrada por la confederación Covapa, extendida en la escuela pública, por Concapa -máxima representante de la red de padres de la concertada- y por Idiomas y Educación, asociación nacida tras el anuncio del decreto plurilingüe del Consell, al que se oponen.

Desde esta última organización añadieron que les han llegado casos de centros donde tienen previsto mantener Naturales o Sociales en valenciano, cuando hasta este curso una de las dos se vehiculaba en castellano, o que han comprado material didáctico en la lengua propia, lo que condicionará la impartición de determinadas asignaturas. «Lo que queremos es que haya claridad por parte de la Conselleria de Educación sobre cómo cumplir con la medida cautelar», insistieron.

También pidieron que en caso de que existan dudas sobre cómo proceder en algunas materias se realice una consulta entre los padres por parte de los centros. Aunque se trata de un mecanismo que ya tumbó el departamento anulando la orden que concretaba su organización, sí se recoge en el decreto de 2012 que la resolución del TSJ vuelve a dar validez legal. El último pronunciamiento judicial instaba a aplicar esta normativa para evitar un vacío legal de cara al nuevo curso.

La incertidumbre también se debe a la última maniobra judicial de la administración, que presentó in extremis un recurso de reposición defendiendo que sí había aplicado correctamente la suspensión con las medidas implantadas, consistentes en no seguir desarrollando el decreto. Aunque el tribunal ya ha rechazado antes esta argumentación, recordando al Consell que debe volver al modelo de 2012 hasta que haya sentencia, Educación vuelve a insistir para evitar el retorno al sistema popular. Si ahora se le diera la razón, cambiaría el escenario actual.

«No es que queramos el modelo de 2012 porque sea mejor ni peor, sino porque es el que hay, y al menos, no causó los conflictos que ha provocado este», señalaron desde Covapa. Estas fuentes lamentaron que «tras las vacaciones todo continúe igual, sin concreción». Aunque reconocieron que no les gusta la idea de perder horas lectivas, alegaron que la medida de presión queda justificada en la incertidumbre que causa la falta de información, la negativa a permitir cambios de centro al variar los proyectos lingüísticos respecto a los del periodo de admisión y porque la situación provoca problemas como que haya colegios que ahora han elegido libros en determinada lengua pese a que la suspensión data de mayo «y no se aplicó correctamente, como dice el tribunal».

En el comunicado remitido ayer el foro reclama que sean los inspectores los encargados de velar por la vuelta al modelo de 2012 y la correcta aplicación de la medida judicial, y que los proyectos lingüísticos se ajusten a la realidad sociolingüística de los centros. La organización también ha recurrido al TSJ al considerar que el decreto, que vincula la enseñanza en valenciano con la mayor exposición al inglés, penaliza al alumnado que se forma mayoritariamente en castellano.

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