Padres exigen a Vicent Marzà poder cambiar de colegio tras el varapalo del TSJ

Vicent Marzà conversa con Antonio Estañ, de Podemos. / efe

La federación de Apas mayoritaria en la escuela concertada le pide que aclare ya qué modelo plurilingüe se aplicará en septiembre

Joaquín Batista
JOAQUÍN BATISTAValencia

La Federación Católica de Asociaciones de Padres (Fcapa) presentó el miércoles un escrito en la Conselleria de Educación en el que se pide facilitar el cambio de centro a las familias que quieran tras la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo. También se reclama el informe de la Abogacía de la Generalitat en el que se basa la administración para argumentar que no hay que modificar las medidas ya implantadas -como los nuevos niveles lingüísticos- y que haga públicas las instrucciones necesarias para que familias y centros sepan cómo se organizará el curso que viene en este sentido.

La federación, mayoritaria en la escuela concertada, reclama la elaboración y publicación de «instrucciones específicas, concretas y de forma expresa» para las familias que presentaron su solicitud de admisión de alumnos en base a una relación de centros donde regían los nuevos niveles -Básicos, Intermedios y Avanzados- y que ahora «deseen modificar su solicitud y la consecuente matriculación» tras conocer la decisión judicial.

La petición también la han trasladado ya otras organizaciones como Covapa, que de hecho aboga por repetir el proceso de admisión. Al fin y al cabo, puede haber padres que, en caso de volverse al modelo lingüístico anterior, prefieran para sus hijos una opción con doble línea o con más castellano o un perfil de centro que con el decreto no se cumplía en los próximos a su vivienda.

Transparencia

El escrito de Fcapa considera que tras las declaraciones públicas realizadas «y en aras de la debida transparencia ante la sociedad valenciana y su comunidad educativa» la conselleria debería hacer públicos, en el plazo de una semana, tanto el informe de la Abogacía como una batería de instrucciones específicas y concretas «para el inicio y desarrollo del curso escolar», respecto «a la normativa aplicable en materia de plurilingüismo» o sobre cómo queda el proyecto lingüístico de centro.

Este es el quid de la cuestión. El documento, que los centros adaptaron en virtud del decreto suspendido, recoge el nivel elegido, esto es, en qué lengua se imparte cada asignatura. Como fueron validados por la conselleria antes del auto del TSJCV, la administración argumenta que no se ven afectados por la cautelar, cuyos efectos, a su juicio, se limitan a posteriores desarrollos de la normativa, como la nueva orden de acreditaciones de idiomas, que queda en stand-by; los programas de formación docente en el extranjero, con prioridad para los profesores de niveles Avanzados; los planes de mejora, que incluían personal extraordinario para aplicar el plurilingüismo; o el decreto de organización de Primaria, del que desaparece toda referencia al nuevo modelo. Esta norma fue aprobada ayer por el pleno del Consell, así como el decreto que permite extender a los siguientes cursos la bajada de las ratios máximas de alumnos por aula.

La interpretación de la conselleria no es compartida por algunos de los denunciantes, como Defensa del Castellano o el sindicato USO, que ya han anunciado que pedirán ante el tribunal la vuelta al modelo lingüístico vigente desde 2012. En este sentido, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, instó ayer a Marzà a «asumir por escrito» la suspensión y a acatar la resolución, recordándole que de lo contrario «alguien» podría solicitar la ejecución del auto.

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