Padres y directores planean denunciar ante la UE el decreto plurilingüe

Julia Llopis, Esteban González-Pons, Isabel Bonig, María José Català y Eva Ortiz, ayer, antes de la reunión.
Julia Llopis, Esteban González-Pons, Isabel Bonig, María José Català y Eva Ortiz, ayer, antes de la reunión. / irene marsilla

El PP recibe a sindicatos, asociaciones y ampas contrarios a la norma suspendida por el TSJ y lamenta el «chantaje» del Consell a las familias

DANIEL GUINDOVALENCIA.

El decreto del plurilingüismo impulsado por el Consell y paralizado por los tribunales supone un «chantaje» a las familias y un «ataque» a la «libertad de los padres a poder elegir la lengua vehicular en la que quieren educar a sus hijos», según resumió ayer la presidenta de PP autonómico Isabel Bonig tras reunirse con los distintos sindicatos, asociaciones y plataformas que han recurrido la norma y que, en estos momentos, está suspendida cautelarmente por un auto. Además, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat ha anulado una de sus disposiciones, precisamente la que supone el eje central del decreto, al considerarla discriminatoria para los alumnos que optan por el modelo con mayor presencia de castellano. El Alto Tribunal, asimismo, ha instado al Gobierno autonómico a volver al modelo anterior (desarrollado en los decretos de 1997 y 2012) para cumplir con las decisiones judiciales.

Sin embargo, la falta de instrucciones claras y oficiales a los centros educativos para indicarles de qué forma deben cumplir con la suspensión del decreto del plurilingüismo ha llenado de inquietud a los padres, especialmente tras las manifestaciones de la vicepresidenta Mónica Oltra del viernes, en las que indicó que la Generalitat no tenía intención de volver al modelo lingüístico del PP y que buscaría los objetivos que persigue el decreto «independientemente de los instrumentos normativos».

Ante todo ello, los distintos sindicatos y asociaciones de padres contrarios al decreto están planeando ya presentar una denuncia ante la Comisión de Peticiones de la Unión Europea (UE), actuación que contará con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. Algunas de estas entidades ya habían planteado con anterioridad acudir al organismo europeo para defender la libertad educativa en la Comunitat, pero la reunión de ayer ha terminado de impulsar esta iniciativa.

En concreto, Bonig se citó ayer con portavoces de los sindicatos ANPE, CSI-F y USO (como representantes de directores y profesores), de la Diputación de Alicante, y de distintas plataformas de padres de alumnos como Fcapa, Concapa, Covapa, ampas de la Vega Baja, y las asociaciones Defensa del Castellano, Idiomas y Educación y la plataforma No al Decretazo Sí a la Elección. En el encuentro, estuvieron acompañados por el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, y por diputados populares como María José Català o Eva Ortiz.

Algunas de las entidades participantes en la reunión mostraron su total disposición a presentar la citada denuncia ante la UE. «Si hay posibilidad de ir, iremos, solos o acompañados, no nos lo vamos a pensar dos veces», apuntó la presidenta de Concapa, Julia Llopis, aunque aclaró que se estudiará en el seno de la entidad. Además, lamentó la «pasividad» del Ministerio de Educación en este asunto. «Esperábamos que fueran más contundentes», añadió.

El presidente de Fcapa, Vicente Morro, señaló que se va a estudiar esta posibilidad, sobre todo en la línea de presentar la queja bien de forma conjunta (entre todas las entidades) o por separado. «Pero algo se hará», destacó. «Todos hemos coincidido en que es una opción muy viable», apuntó Morro.

Desde CSI-F apuntaron que también se estudiará la medida.

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