Padres acusan a Marzà de dilatar el proceso jurídico con otro recurso al plurilingüismo

Vicent Marzà.
Vicent Marzà. / irene marsilla

Educación vuelve a replicar al TSJ y señala que sí ha paralizado correctamente el decreto para evitar volver al modelo anterior

DANIEL GUINDO VALENCIA.

La Conselleria de Educación se resiste a cumplir con el mandato del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat de volver al modelo anterior mientras el decreto del plurilingüismo siga paralizado cautelarmente, por lo que el departamento de Vicent Marzà ha presentado un nuevo recurso judicial en el que argumenta que, con las medidas adoptadas hasta ahora, ya se estaba cumpliendo con la citada suspensión provisional. Esta decisión ha acrecentado la indignación de las asociaciones de padres de alumnos contrarias al decreto, que acusan al conseller de querer dilatar el proceso judicial.

Además, Educación ha interpuesto este nuevo recurso apenas cuatro días después de que el TSJ ordenara a la conselleria retrotraerse a la situación anterior al decreto y de que el presidenteXimo Puig escenificara que la citada delegación está bajo su dirección en la reunión que mantuvo el lunes con los responsables de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), entidad que representa a buena parte de los centros concertados con los que Marzà también ha tenido algún encontronazo.

Así, el TSJ, tras el auto de finales de mayo que paralizaba cautelarmente el decreto, solicitó al Consell el pasado 20 de julio que aclarara qué acciones había emprendido para hacer efectiva la suspensión, a lo que el departamento de Vicent Marzà, el día 24, contestó con un informe detallándolas. Sin embargo, estas explicaciones no convencieron a los magistrados, por lo que el Alto Tribunal volvió a emitir otro auto, éste el pasado jueves, en el que indicó al Consell que, para cumplir con la paralización, debía retrotraerse a la situación previa a la aprobación del decreto, es decir, a la regida por las normas de 1997 y 2012 aprobadas por el anterior Gobierno autonómico. Ahora es Educación la que recurre también este último auto judicial insistiendo, una vez más, en que con las medidas aplicadas se da cumplimiento a la suspensión cautelar.

Este último recurso, por tanto, es el que ha terminado por encender los ánimos de las plataformas de padres contrarias al decreto ya que, en lugar de cumplir con la suspensión dictaminada a finales de mayo, Marzà ha preferido usar todos los recursos legales para que, a las puertas del inicio de curso -agosto es prácticamente inhábil- la dirección de los centros y las familias todavía no tengan instrucciones claras y oficiales sobre el modelo lingüístico que se aplicará en los colegios.

En esta línea, Vicente Morro, presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fcapa) de Valencia, argumentó que ésta se ha convertido en «una disputa exclusivamente jurídica que pone de manifiesto la voluntad de mantener su proyecto sí o sí, como manifestó la vicepresidenta Mónica Oltra, usando los medios de la Administración, que pagamos todos con nuestros impuestos».

Asimismo, añadió que la interpretación de la orden de suspensión que hace la conselleria «no parece correcta, pues lo que se paralizó fue el decreto completo, como norma, no actos de aplicación concreta, ni partes del mismo».

Por su parte, la presidenta de la delegación valenciana de la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (Concapa), Julia Llopis, espetó que «hay que tener la cara dura para jugar con los tiempos jurídicos con el dinero de todos», algo que, según ella, responde a una «estrategia muy bien diseñada». Además, solicitó a Puig y a Marzà que «tengan un poco de dignidad y dejen de chantajear a las familias».

Por último, en su recurso de reposición, el Consell señala que las medidas cautelares de suspensión del decreto se tendrían que aplican desde el momento en que se notifican y no con efectos retroactivos, por lo que la Abogacía de la Generalitat defiende la correcta ejecución de paralización de desarrollo del decreto. Asimismo, desde la consellera detallaron que, en el escrito, la Abogacía argumenta, «de forma justificada en virtud de la jurisprudencia existente, que las medidas cautelares que establecen los tribunales se aplican desde el momento de la adopción y notificación de las mismas, puesto que no son actuaciones firmes y pueden afectar los derechos de terceros». Además recordaron que el tribunal todavía no ha estudiado el fondo y no ha emitido una sentencia firme.

Puig, por su parte, insistió ayer en que la Generalitat está estudiando las acciones que tiene que emprender para garantizar un inicio de curso «con absoluta normalidad».

Más

Fotos

Vídeos