La vara de mando

Un ayuntamiento conoce de primera mano las necesidades de los ciudadanos, en ocasiones, mejor que un ministerio

María José Pou
MARÍA JOSÉ POU

Más allá de que tengan razón cuando exigen dinero para el transporte público del área metropolitana de Valencia, la convocatoria de alcaldes es una fórmula novedosa e interesante. Podría decirse que es tendencia. El poder real a veces está más en lo cercano que en lo grande. Un ayuntamiento conoce de primera mano las necesidades de los ciudadanos, en ocasiones, mejor que un ministerio. Eso hace que, al votar, el ciudadano tenga más en cuenta la gestión que las siglas y a menudo acabe votando incluso a partidos con los que no comulga.

Es la verdadera vara de mando: es capilar, llega a todos los rincones; genera más confianza porque se le conoce de siempre, y convenientemente movilizada es capaz de paralizar un territorio amplísimo y por completo. No está mal pensado. La prueba la tenemos en Cataluña con el 'procès' y los alcaldes 'del país' acompañando a Artur Mas a declarar en el juzgado. Los 'farruquitos' con los que se pertrechan los líderes catalanistas avalan al acusado con el símbolo del poder local, la vara de mando. De ese modo, consiguen que lo veamos como un mártir de la tierra -si se acompaña de tractores, el efecto es mayor- al que defienden los políticos que viven a pie de calle. Es la representación contemporánea del «Pueblo y el Senado Romano», el SPQR que vemos por todas partes en lo que fue la capital del Imperio. Los dirigentes y el pueblo. Los políticos de alto nivel y los alcaldes, sacados del último escalón de mando. Es una hábil selección de apoyos que, conociendo la dificultad para tener éxito en una movilización popular, reúnen a quienes tienen un presupuesto que depende del mayor poder local, curiosamente interesado en la protesta.

Ocurre lo mismo con esos empeños de las autoridades autonómicas por legislar en una materia sobre la que no tienen competencia. Más de una vez lo han hecho y otras tantas les está afeando la conducta el Tribunal Constitucional: la custodia compartida, los desahucios o, ahora, si el Gobierno cumple su amenaza, puede repetirse con las mejoras salariales del personal universitario. Es una jugada maestra en la medida en que se vende mediáticamente una propuesta ante la que no cabe objeción, por ejemplo, garantizar una vivienda por ley. ¿Quién puede negarse a eso? ¿Quién va a levantar la voz para decir que no es aceptable ese principio? Lo recoge la propia Constitución, los derechos más básicos y una mínima sensibilidad. Ahora bien, el problema no es el contenido sino quién tiene la competencia. Ahí reside el truco. El Gobierno tiene que llevarlo al Constitucional y éste, con la ley en la mano, tumbarlo. Perfecto. Es el momento de llorar públicamente porque el PP es muy malo y no quiere garantizar una casa y servicios energéticos para todos los ciudadanos. El mensaje se vende muy bien aunque la realidad sea que el gobierno local no puede legislar sobre esos temas. Lástima, esos son los más rentables.

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