VALENCIA NO GUARDA PARECIDO CON MADRID

Cap i casal

El Ayuntamiento cumple la regla de gasto de Hacienda y el próximo año se quedará 39 millones por debajo del tope

VALENCIA NO GUARDA PARECIDO CON MADRID
Paco Moreno
PACO MORENOValencia

La tormenta política producida entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Hacienda a cuenta del incumplimiento de Manuela Carmena de la regla de gasto ha puesto el foco en lo que ocurre en el Consistorio de Valencia, donde la situación es la opuesta. Es más, el próximo año las cuentas municipales presentadas ayer se quedarán a 39 millones del tope fijado.

Lo mismo ha sucedido desde 2012. El 30 de marzo de aquel año, el pleno aprobó un Plan de Ajuste que estará vigente hasta 2022, seguido a rajatabla para disminuir la deuda, controlar el gasto público y encontrar el equilibrio financiero entre ingresos y gastos del Consistorio.

El Ministerio de Hacienda rechazó a finales de octubre el tercer Plan de Equilibrio Financiero presentado por Carmena, que ayer encontró en el alcalde Joan Ribó un aliado en su pugna contra el ministro Montoro. Finalmente, el Ayuntamiento madrileño volverá a presentar otras cuentas con la confianza de que serán aprobadas. De esta manera evitará tener que entregarlas una vez a la semana a los economistas del Gobierno para recibir el visto bueno del gasto.

Entre los motivos aducidos por el Ministerio de Hacienda, Carmena no ha corregido a la baja el gasto público sino que lo ha incrementado en 238 millones de euros más de lo permitido este año y hasta en 243 millones en la previsión del próximo ejercicio. Por el contrario, el Interventor General de Valencia destaca que el cap i casal se quedará por debajo del tope establecido con la regla de gasto, en concreto 39.713.585 euros menos de lo que marca la normativa. Pese a las críticas del tripartito por lo que denominan el 'corsé' impuesto por el ministro Montoro, el caso es que el presupuesto en 2018 fija unos gastos no financieros de 642,63 millones de euros, lejos del máximo legal.

Desde hace cinco años, cuando se puso en marcha el cumplimiento del plan, todos los informes anuales de la Intervención han sido favorables en Valencia. La Intervención no hubiera permitido lo contrario, un servicio que cada tres meses entrega además un estudio sobre la observancia de estas reglas.

El objetivo de sostenibilidad financiera marcado por el Gobierno para el próximo año es que la deuda de las Corporaciones locales no supere el 2,7% del PIB, además de definir las pautas para la reducción de los préstamos bancarios. Se trata de una cifra global y que no está personalizada para cada Ayuntamiento, aunque Valencia está sometida además a otra normativa.

Se trata del Plan de Reducción de Deuda 2015-2019, que ha permitido refinanciar créditos y sirve para los Consistorios que debido a la crisis económica acumularon préstamos por encima del 75% de los ingresos corrientes liquidados el ejercicio anterior.

Este itinerario de amortizaciones ha sido seguido también por Madrid, que ha reducido la deuda un 37% este mandato aunque lo cierto es que el Gobierno obliga a que se cumplan todos los requisitos. Estos van desde la puesta en marcha de mejoras en la recaudación, amortización de préstamos y lo que ha sido decisivo para el amago de intervención de las cuentas de la capital de España, el límite del gasto público.

¿Qué ocurre en Valencia con la deuda? El Consistorio lo detalla en el documento que pasó ayer por la junta de gobierno, referido a la estabilidad presupuestaria y la estabilidad financiera. El 31 de diciembre del próximo año el saldo será de 511 millones de euros, mientras que en 2019 bajará hasta los 437 millones y un ejercicio después, hasta los 364 millones.

De cumplirse esa evolución, y no hay motivo para lo contrario, el Consistorio encontraría otro argumento para salirse de las reglas fijadas en 2012, cuando se acogió al Plan de Ajuste para conseguir un crédito de 183 millones de euros avalado por el Gobierno con el que pagar a los proveedores. Los años duros de la crisis han dado paso a una bonanza económica donde la principal dificultad es gestionar el aumento de los recursos financieros.

Esta circunstancia es la que destacan más los dos grupos de la oposición cuando hablan por ejemplo de los más de 50 millones de euros arrastrados del pasado año y que se han incorporado al presupuesto de este año. Por el contrario, el alcalde Ribó habló ayer de que la decisión de Hacienda sobre el Consistorio de Madrid es un «aviso a navegantes» de lo que puede suceder en otros municipios, por lo que promoverá una moción de apoyo.

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