Urgencias inaplazables

Antigua imagen del Senado./Agencias
Antigua imagen del Senado. / Agencias
ANTONIO PAPELL

Quienes pensaban que la cuestión catalana se encalmaría tras las elecciones del 21-D erraban; este asunto es como un absceso crónico que tendrá recidivas y que nos perseguirá indefinidamente. Pero no es posible ignorar que hay otras urgencias inaplazables que deben ser abordadas, pase lo que pase en Cataluña.

El aplazamiento de los Presupuestos del Estado, una vez que existe el consenso de fondo de no provocar ahora nuevas elecciones (la situación catalana se resentiría), es intolerable y demuestra una falta de nivel político inadmisible. Las dudas del PNV, que ha sabido aprovecharse de la coyuntura con una voracidad difícilmente justificable, son un argumento más para quienes protestan por las asimetrías constitucionales. Hay numerosos asuntos -desde la subida de sueldo a los funcionarios a la reducción de IVA del cine- que dependen de que el PNV decida si contaminarse o no confraternizando con los promotores de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Una vez resuelto el funcionamiento ordinario del país en sus términos económicos, los tres grandes asuntos pendientes que no se deberían demorar con el pretexto de la fragmentación parlamentaria son: a reforma constitucional, que debería hacerse coincidir la próxima disolución ordinaria de las Cortes, que habrá de estabilizar un modelo de organización territorial más operativo y mejor ordenado que el que se improvisó al amparo del Título VIII de la Carta Magna.

Dos, el régimen de pensiones, que no admite más aplazamientos. La Mesa de Pensiones creada en el parlamento está actualmente entretenida en teorizaciones sobre si la revalorización del sistema debe hacerse conforme a un alambicado IRP -Índice de Revalorización de Pensiones- y al factor de sostenibilidad de la Seguridad Social, o bien de acuerdo con la inflación, como parece lógico y deseable. Hay que conseguir la sostenibilidad sin pérdida de poder adquisitivo y sin una caída grave de las expectativas de los futuros jubilados. Para ello, habrá que subir impuestos y calcular con más realismo las cuotas. Lo intolerable es que se asista pasivamente a una pérdida lenta pero inexorable del valor real de las pensiones.

Tres, el mercado laboral. No es admisible la insoportable precariedad del empleo, ni la crónica inestabilidad que padecen quienes acceden a él. Ni la tasa de paro ni el índice de temporalidad son aceptables, ni lo es tampoco el papel reservado a la administración en este asunto. En principio, es una buena síntesis de lo más urgente. Hay otras urgencias, que están en la mente de todos: pacto educativo, posible reforma de la ley electoral, privatización clara y ordenada de Bankia, etc., que habrían de ir avanzando también. Habrá que ver si la clase política es capaz de reivindicarse y dar alguna muestra de su capacidad.

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