Un Tribunal en su sitio

Celeridad, claridad y rotundidad: hay ocasiones en las que las instituciones aprenden de sus propios errores

CARLOS FLORES JUBERÍAS

Aunque en los últimos años he oído más un millón de veces afirmar que la culpa de todo lo que está sucediendo en Cataluña la tiene el Tribunal Constitucional por su decisión de recortar el Estatuto de Autonomía votado por los catalanes en 2006, tengo para mí que lo que en verdad cupo echarle en cara al Tribunal en aquella tesitura fueron tres cosas muy distintas. La primera, que su sentencia tardara casi cuatro años en recaer; un tiempo a todas luces excesivo que no solo permitió la efectiva vigencia de una norma que debería haber sido inmediatamente expulsada del ordenamiento jurídico, sino que facilitó el descrédito del propio Tribunal antes incluso de haberse pronunciado. La segunda, que incluso cuando fue capaz de posicionarse, lo hiciera de manera tan timorata, plagando su resolución de cláusulas interpretativas que preservaron la vigencia de aspectos controvertidos del Estatuto en tanto en cuanto las instituciones catalanas les dotasen de una determinada lectura -lectura que, como era de prever, éstas se pasaron por el forro de salva sea la parte no bien tuvieron ocasión de ello-. Y la tercera, que fuera incapaz de hallar un sustancial consenso entre todos sus miembros que, cuando menos, pudiera dotar a su resolución de la autoridad que deriva de la unanimidad.

Pero al parecer, hay ocasiones en las que las instituciones aprenden de sus propios errores. O tal vez sea que el Tribunal de Juan José González Rivas no maneja las patatas calientes con la misma parsimonia que el de María Emilia Casas. O, a lo mejor, que el Gobierno de Rajoy resulta más convincente que el de Zapatero a la hora de persuadir al Tribunal para que los casos que llegan a sus manos no se eternicen en ellas. O -quién sabe-, quizás sea que sus magistrados hayan comprendido por fin que en el caso catalán hemos llegado a un punto en el que ya no caben medias tintas, y hayan optado por asumir sus competencias con la seriedad que la ocasión requiere. Pero lo cierto es que, de un tiempo a esta parte, en tantas cuantas ocasiones el alto Tribunal ha tenido que abordar cuestiones relacionadas con el caso catalán, lo ha hecho con una celeridad, una claridad y una rotundidad que pocos habrían predicho y muchos estábamos deseando. Y que en Cataluña ha cerrado tantas bocas como aplausos ha suscitado en el resto del país.

Lo hizo el pasado mes de septiembre, al decretar la suspensión tanto de la Ley del Referéndum de Autodeterminación como de la llamada «Ley de transitoriedad jurídica»; lo volvió a hacer en octubre, al resolver el recurso de inconstitucionalidad contra la primera; y lo ha hecho de nuevo esta pasada semana al clarificar con absoluta nitidez en qué supuestos puede, y qué circunstancias no, llevarse a cabo una votación de investidura en el Parlament de Catalunya.

Celeridad, claridad y rotundidad. Justo lo que cabría esperar de nuestro más alto Tribunal en nuestra más compleja encrucijada.

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