En torno al concurso de la plaza de la Reina

JAVIER DOMÍNGUEZ RODRIGO ARQUITECTO

Históricamente los concursos representan una vía libre a la aportación intelectual en favor de la innovación, la pluralidad y la participación frente a la opción única y excluyente del encargo directo.

Los resultados pueden ser magistrales (Santa María del Fiore, Chicago Tribune, centro George Pompidou, óperas de Sidney y Oslo...) pero también sombríos. El propio Le Corbusier es torpemente eliminado en 1927 en la convocatoria internacional para la sede de la Sociedad de Naciones de Ginebra, en favor de propuestas más convencionales.

Con el paso del tiempo, se hayan convertido en realidad construida o desvanecido efímeramente como ilusorias arquitecturas de papel, constituyen singulares testimonios del momento sociocultural y político en que se producen.

Conviene interrogarse sobre el porqué del desigual desenlace de los mismos. Y en clave local hay que preguntarse cómo es posible que tras sesenta y cinco años y tres concursos (1951-1998-2016) la plaza de la Reina, a pesar del generoso derroche de creatividad e investigación por parte del colectivo arquitectónico, se vea hoy envuelta en tan surrealista polémica.

Para que las ideas triunfen, permitiendo la materialización de brillantes soluciones que resuelvan problemas funcionalmente complejos (movilidad,...) y de una enorme dificultad formal y simbólica, es imprescindible contar con un promotor público capaz de impulsar un procedimiento riguroso, transparente, impecable y democrático.

Muchas son las razones que explican el fracaso de una frustrante convocatoria incapaz de activar fórmulas ilusionantes que den voz a la ciudadanía, concertando sinergias (asociaciones, comerciantes...) y voluntades.

El naufragio municipal se gesta desde el inicio, aprobando unas bases que imponen como referente vinculante a desarrollar por el adjudicatario el anteproyecto que bajo el lema TITOLIVIO es seleccionado en 1999.

Si un jurado de prestigio (Rafael Moneo -entonces el único Pritzker español-, Patxi Mangado, Navarro Baldeweg...) falla a favor de los arquitectos Miguel del Rey, Iñigo Magro y Antonio Gallud ¿por qué sin más dilación no se formaliza el encargo con ellos?

Resulta comprensible que, después de casi dos décadas, la actual corporación pudiera pensar que aquel proyecto presenta aspectos revisables en materias de tráfico, paisaje... Pero ¿por qué lo asume?, ¿qué motivos encuentra para no pedir a los autores una reflexión crítica sobre la vigencia de su propuesta o la conveniencia de introducir cambios, como la ampliación del área de intervención, la reubicación de los accesos al aparcamiento...?

Con premisas tan contradictorias se comete otro error de calado al no involucrar a los valencianos en la definición del futuro urbanístico del enclave. La participación ciudadana es esencial, pero no solo en la elección de la mejor idea en que debe primar la opinión de los expertos, sino ante todo para alcanzar amplios consensos sobre los problemas a resolver fijando el programa de necesidades (de accesibilidad, medioambientales...) a satisfacer.

Aunque lo que realmente lastra el desenlace es tanto la inadecuación de unas bases gravemente contaminadas y con objetivos desdibujados, como la errática elección del formato de concurso, que para mayor confusión promueve el servicio de Mobilitat Sostenible cuando es competencia de Proyectos Urbanos.

Porque cuando se elude el concurso abierto y anónimo, se pervierte su primigenia razón de ser. Y cuanto mayor es el grado de exigencia, en cuanto a los requisitos requeridos para concurrir, más se evidencia la voluntad del organizador de restringir la competitividad y el número de participantes en favor de las grandes empresas y despachos con mayor volumen de negocio.

El resultado así lo confirma, ya que a la licitación del contrato para redactar la adaptación de la propuesta original de Magro, del Rey y Gallud se presentan únicamente 6 equipos frente a los 29 de 1998.

Sorprende tal sucesión de despropósitos que tiene como triste colofón ver cómo una administración de izquierdas decide el diseño para uno de los lugares más emblemáticos de la capital como es la plaza de la Reina, no por criterios de mayor calidad arquitectónica o cualificación técnica sino de solvencia económica (honorarios facturados durante los últimos años de la crisis).

El malestar generado por un viciado proceso de adjudicación, desacreditado por la torpeza burocrática, ha provocado el desencuentro y la crítica de amplios sectores, atónitos ante el lamentable espectáculo de ver cómo desde el consistorio se justifica el dislate en la falacia de que debe cumplirse la ley.

Decepcionante panorama, incluso para los compañeros que en apariencia se ven beneficiados. Ni José María Tomás ni Antonio Escario, cuya trayectoria y solvencia profesional es incontestable, merecen verse salpicados por la polémica.

Es de sabios rectificar y aquí afortunadamente todavía es fácil, posible y puede hacerse sin perjudicar a nadie. El alcalde tiene la oportunidad de demostrar a los valencianos su talento para resolver conflictos, corregir errores y enderezar el rumbo, probando que la pedagogía es uno de los principios que inspiran su acción de gobierno y no cortoplacistas urgencias electorales.

La reforma de la plaza de la Reina brinda a Valencia la ocasión de regenerar el espacio público mediante respuestas urbanas atractivas para una sociedad cada vez más compleja.

Y debe hacerse muy bien, pues la arquitectura que se produzca no sólo sobrevivirá al poder actual sino que estará dotada de capacidad para actuar como genuino atractivo cultural generador de riqueza, comportándose como referente del prestigio de la ciudad a nivel nacional.

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