Suspenso a Gª Tejerina por no invertir en infraestructuras hídricas en la Comunitat

Según el informe elaborado por A.T. Kearney para la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN), España debe apostar con firmeza y convicción por la inversión sostenible en infraestructuras como los países europeos de referencia, en aras a contribuir al dinamismo económico, competitividad, sostenibilidad medio ambiental, generación de empleo y bienestar social. Entre las infraestructuras más prioritarias y necesitadas de inversión están las referentes al agua, máxime cuando el 72% de nuestra superficie está en situación de estrés hídrico severo.

Sin embargo, la licitación de contratos por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) ha caído un 65% en los últimos cinco años, al pasar de 1.014 millones de euros en 2013 a 353'3 en 2017. Para mayor escarnio, la licitación en la Comunidad Valenciana en 2017 ha sido del 4'3 millones de euros. Sobre el total nacional, el 1'22%

En España dedicamos a infraestructuras del agua 26 euros por habitante, mientras Francia destina 72; Reino Unido, 63; Alemania, 46, e Italia, 38. En términos de PIB, España destina el 0'11%, frente al 0'28% de Francia, el 0'27% de Alemania y 0'23% del Reino Unido, aun siendo países, todos ellos, con mayor pluviometría.

El Pacto Nacional del Agua debe pasar de una simple intencionalidad a una realidad que nos obligue a: a) Atender los déficits hídricos mediante las infraestructuras necesarias y eficientes (coste/beneficio). b) Cumplimiento con los objetivos medioambientales y una adecuada depuración de las 'aguas grises' para convertirlas en 'aguas azules'. c) Planes de gestión de inundaciones para salvaguardar a la población. d) Impulsar una correcta gobernanza del agua.

España, al incumplir reiteradamente las obligaciones de depuración marcadas por la directiva europea, ha sido sancionada con 46'5 millones de euros, y desde el pasado mes de junio de 2017 a pagar 171.218 euros diarios hasta que depuremos el 100% de nuestras aguas.

La actual escasez de agua azul pluviométrica, con especial dureza en la Comunitat Valenciana, ha dejado en evidencia la carencia de una política hídrica largoplacista, más allá de los decretos de sequía, coyunturales, con que nos 'premia' el ministerio. La comunidad científica y el estamento político deben urgentemente confluir y priorizar inversiones para proporcionar agua (abastecimiento a la población y riegos a la agricultura) a la Comunidad Valenciana.

Las ingenieras agrónomas Isabel García Tejerina, ministra, y Elena Cebrián, consellera, con los ingenieros de Caminos de sus correspondientes equipos -Liana Sandra Ardiles, José Benadero García- Maroto y Enrique Lapuente (ministerio, consellería y EPSAR) deberían ocuparse, además de preocuparse, del déficit estructural de la Comunitat en infraestructuras, reutilizando las aguas residuales en la agricultura, incrementando la oferta de agua desalinizada, su eficiencia y coste, para usos domésticos y agrícolas, de alto valor añadido, y revisando los derechos de agua y las concesiones históricas. ¡Hay que convencer a los regantes, para que usen las aguas grises de las depuradoras y no prioricen los derechos adquiridos, sobre las aguas superficiales 'azules'!

El cumplimiento del Pacto Nacional del Agua requiere de unas inversiones para la Comunidad Valenciana que, consensuadas con los proyectos pendientes con el Ministerio de Agricultura, con la Confederación Hidrográfica del Júcar, del Segura, Canales de Taibilla, y Consellería de Agricultura por la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, figuran en el Documento 'Las inversiones necesarias en infraestructuras prioritarias en el ciclo del agua en la Comunidad Valenciana', que ciframos en 1.530 millones de euros:

- Infraestructuras de distribución, refuerzo, y regulación del agua para abastecimiento de Valencia y su área metropolitana(176'8 millones).

- Reordenación hidráulica de la huerta y red de saneamiento del área metropolitana de Valencia (159'7 millones).

- Reforma de la EDAR de Pinedo I, para su reutilización para riego (desnitrificación) (17 millones).

- Actuaciones en áreas de riesgo de inundación del Bajo Turia- área metropolitana (80 millones).

- Idem del Bajo Turia- Ribera del Júcar (129 millones).

- Idem Comarca de La Safor (35 millones).

- Modernización de la Acequia Real del Júcar (133'3 millones).

- Infraestructuras de distribución de agua para riego en la demarcación Júcar-Camp del Túria (56,7 millones).

- Reordenación en la red de alta y transporte de los riegos de la Vega de Valencia (34'3 millones).

- Actuaciones en las áreas de riesgo de inundación en la provincia de Castellón (61'5 millones).

- Plan director de defensa contra las avenidas en las comarcas de las Marinas Alta y Baja (81 millones).

- Canalización y distribución para paliar el déficit hídrico en el área Vinalopó-Alacantí-Marina Baja (80'1 millones).

- Canalización y distribución en la demarcación del Segura para paliar el déficit hídrico en el Sur de la provincia de Alicante (73'7 millones).

- Presas de Montesa, Sellent y Villamarchante. Regulación del Bajo Magro (122'3 millones).

- Infraestructuras de tratamiento terciario y ultravioleta de aguas residuales en la demarcación hidrográfica del Júcar (209'7 millones).

- Idem aguas residuales en la demarcación del Segura (67'6 millones).

Fotos

Vídeos