SUSPENSIONES Y SENTENCIAS

PABLO ROVIRA

El tópico de la politización de la justicia permite esquivar la judicialización de la política, sobre todo cuando los autos y sentencias son contrarios a los intereses del gobernante. No digo que no exista ni tampoco lo contrario pues lo ignoro; sólo propongo una lectura alternativa a modo de navaja de Ockham por la cual la respuesta más sencilla, las dudas legales sobre las reformas, sea la causa más probable de tales autos y sentencias.

La judicialización de la política es un hecho que crece, ya digo, como recurso peyorativo a la falta de soluciones políticas, pero no hay que menospreciar el papel que juega la ley en defensa del ciudadano. Ahí está el caso del referéndum catalán que visto desde fuera del eje Madrid-Barcelona se asiste como convidado de piedra, echando en falta el mismo ahínco que se pone hacia poniente con la reivindicación de mis derechos económicos y de financiación y no tanto, en cambio, hacia el norte con mis derechos ciudadanos de decidir el futuro de mi Estado. Tampoco hay que desdeñar el papel de tal judicialización aclarando, si toca, los asuntos turbios de la gestión política, que de esos tenemos unos cuantos.

Ahora se pone en duda la judicialización de la Educación, como si eso de recurrir fuera algo nuevo. Ni mucho menos. El sector, de habitual, ha sido asiduo de los tribunales. Lo último, los interinos que perderán el acceso al empleo por no tener la capacitación en valenciano han solicitado medidas cautelares que suspendan tal exigencia.

Es precisamente en el terreno laboral donde esta judicialización es más activa. Que se lo digan, por ejemplo, a los profesores de Religión, que a golpe de sentencias consiguieron, en tiempos de Rajoy como ministro del ramo, tener Seguridad Social y después otros derechos. O a los interinos, que han tenido que ir incluso hasta Europa para lograr algunos derechos como a la indemnización o a los sexenios.

Fue también sobre los interinos el mayor varapalo judicial en la pasada legislatura, cuando se anuló el acuerdo que regulaba al colectivo bajo el argumento de que la Conselleria había roto unilateralmente el plazo de vigencia del anterior acuerdo.

Pero no sólo se recurren en el sector las cuestiones laborales. También la orden de plurilingüismo del PP fue recurrida por el sindicato STEPV. La diferencia es que en aquella ocasión ningún tribunal suspendió su puesta en marcha.

También sirve para enmascarar las respuestas sencillas que sea el PP, el partido de la oposición, el que a través de la Diputación de Alicante presentara uno de los recursos que han suspendido el nuevo modelo lingüístico. Es quedarse con la parte, porque el todo es que no es el único recurso: los hay de sindicatos y de entidades sociales. De hecho, como ha informado este periódico, los primeros ya se resolverán esta semana. Lo dicho, se puede hacer la lectura política que se quiera, pero hay un asunto de derechos ciudadanos que está bien aclarar y no trata sobre el valenciano, aunque se insista en ello, sino sobre el inglés: el decreto provoca que la lógica de que las localidades castellanohablantes avancen más pausadas en la incorporación del valenciano les castiga, sin causa lógica, en el inglés.

Se quiebra, más si cabe, esa lectura partidista de los autos y sentencias con la devolución temporal de los conciertos a cuatro centros. Centros que no son partidos y que entienden que así defienden sus derechos, aunque caiga sobre ellos el enfado comunicativo del Consell, y casi les achaquen la existencia de barracones escolares porque ya saben, si se paga un concierto se deja de construir un colegio público. Otro argumento es el de la eficiencia económica, cuando lo caro es tener plazas libres y no llenas, en cualquier titularidad.

Eso sí, el auto de suspensión cautelar de la no renovación de estos conciertos no es una bicoca para los centros y uno entiende que otros, en la misma tesitura, sigan con el recurso sin pedir la suspensión. El auto exige al centro poner una fianza equivalente a dos cursos de concierto, de tal forma que si pierde el recurso servirá para devolver el concierto a la Administración. Económicamente el riesgo lo asume el centro, pues si tiene que devolver el concierto será de cursos no cobrados como privados.

Lo grave no es la judicialización del sector, sino el sentido de las sentencias contra la política educativa. Si lo que se quiere ver es que la culpa es de los otros...

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