Sectarismo mediático en Cataluña

ANTONIO PAPELL

La grandeza de la democracia estriba en acoger en su seno incluso a quienes la combaten. El disidente, el discrepante con relación a las corrientes mayoritarias, tiene plena cabida en los regímenes pluralistas con una sola condición: que respete la legalidad vigente, requisito que nadie puede vulnerar sin consecuencias. Por ello, fue plausible que las fuerzas constitucionalistas que acordaron la aplicación del artículo 155 para detener el golpe de mano secesionista en Cataluña decidieran no intervenir TV3 y Cataluña Radio. Curiosamente, sin embargo, el único acuerdo firme y sólido que han logrado ERC y JxCat tras las elecciones del 21 de diciembre ha sido el reparto del control de dicha institución. Significativo.

El audiovisual público catalán asumía el criterio que aquí rigió en el Estado y en las comunidades autónomas hasta no hace mucho: los medios públicos son herramientas del gobierno de turno. En 2006, la Ley 17/2006, de 5 de junio establecía que RTVE debía quedar en manos de un consejo de administración elegido por el Parlamento con el respaldo de al menos dos tercios de los parlamentarios de la cámara respectiva. Aquella ley cambió el planteamiento y ya nadie ha negado explícitamente la necesidad de que el audiovisual público sea neutral y esté al servicio de toda la ciudadanía y no solo de la mayoría en el poder.

Rajoy repuso la elección por mayoría absoluta en 2012 pero RTVE ya no volvió a ser lo que había sido en el pasado, y ahora, ya sin mayorías absolutas, está a punto de completarse la cotrarreforma que repone el consenso. También las televisiones autonómicas, que experimentaron una profunda crisis por su elefantiasis están procediendo a un proceso semejante. Se está extendiendo la profesionalidad irreversible en todo el ámbito del audiovisual público.

Menos en Cataluña, donde TV3 es un aparato militante de propaganda independentista, que no oculta ni disimula su inclinación, que sesga manifiestamente las informaciones para adaptarlas al interés político y que ya no se oculta en su desfachatez. Hasta no hace mucho, todavía incluía en sus tertulias a algún tertuliano de ideología constitucionalista, que había de soportar estoicamente el incómodo papel de disidente solitario frente a una mayoría de tertulianos que lo arrollaban con sus tesis soberanistas. Ahora ya ni siquiera se cubre el expediente, y los programas de esta índole son piezas corales de elogio al independentismo y de denuesto a los que piensan distinto.

La libertad es a veces amarga, pero habrá que preguntarse si es razonable y admisible que en una democracia se inviertan recursos públicos, trabajosamente allegados por todos, para seguir financiando un sectarismo divisor concebido para fracturar, violentar. Deberíamos darle al menos otra pensada a este espinoso asunto.

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