Ni riesgo, ni inmoralidad, todo lo contrario

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Pocas cosas nos sorprenden ya a estas alturas, aunque esto no signifique que nos dejen indiferentes o no nos afecten profundamente. El último, aunque no novedoso, argumento para rechazar la quita de aquella parte de nuestra deuda autonómica que ha generado la crónica infrafinanciación del actual sistema de financiación autonómico, alude al riesgo moral. ¿Riesgo?, ¿moral?

Sí, el riesgo moral es un concepto económico que describe aquellas situaciones en las que un individuo tiene información privada (que no tienen los demás) acerca de las consecuencias de sus propias acciones y, sin embargo, son otras personas las que soportan estas consecuencias por sus riesgos asumidos.

A nivel macroeconómico, el riesgo moral se refiere al comportamiento de los individuos que asumen en sus decisiones mayores riesgos cuando las posibles consecuencias negativas de sus actos no son asumidas por ellos, sino por otros.

Cuando se alude al riesgo moral en el caso de la quita se nos está diciendo que somos unos derrochadores manirrotos, y que la quita incentivaría a otras autonomías a ser ineficientes y despilfarradoras porque, al final, papá Estado acabaría pagando sus facturas.

Al margen del error que esto supone en términos económicos, porque para que exista riesgo moral debe existir información asimétrica y el Estado tenía y tiene la misma información que nuestra Consellería de Hacienda, y que queda por ver si ha habido exceso de gasto, lo cierto es que esta intolerable falacia no contribuye ni a solucionar el problema a nivel técnico ni a consensuar una salida a nivel político. Más bien todo lo contrario. Veamos por qué.

Con el actual sistema de financiación autonómico, la Comunitat Valenciana recibe unos 1.250 millones de euros anuales menos de los que le correspondería si percibiera la financiación media que reciben el resto de las Comunidades de Régimen Común. Esto supone que entre 2002 y 2017, entre infrafinanciación e intereses acumulados, hemos soportado una discriminación financiera de más de 21.500 millones de euros; una cantidad superior a todo el presupuesto consolidado de la Generalitat para este año.

En 2002, fecha en la que se armonizaron las competencias delegadas, nuestra Comunidad hacía años que ya tenía todas las competencias transferidas, por lo que era ella la que tenía que proveer y gestionar los servicios públicos fundamentales: sanidad, educación y asistencia social. Estos servicios, pilares básicos del Estado de bienestar, absorben el 80 % del esfuerzo financiero de los presupuestos de la Generalitat; 6 puntos más que la media nacional. Con el resto de los ingresos tenía y tiene que atener al resto de sus actividades. El margen no es escaso, sino negativo.

¿Qué hizo la Generalitat? ¿Reducir la cantidad de estos servicios públicos fundamentales? Imposible; por razones obvias. ¿Reducir la calidad de estos servicios? Tampoco, pero es una cuestión que pueden valorar los ciudadanos.

¿Qué hizo, pues? Lo único que podía hacer: endeudarse para cubrir la brecha financiera y ser más eficiente en la prestación de sus servicios.

Con respecto al endeudamiento, dado que hemos sido y somos la Comunidad Autónoma peor financiada, ahora somos la de mayor deuda en términos de PIB y en términos de ingresos corrientes anuales. El servicio de la deuda absorbe el 25 % del presupuesto de la Generalitat de este año.

Con respecto a la mayor eficiencia, estudios recientes del IVIE demuestran que el gasto por habitante es un 8% inferior al de la media nacional. Por tanto, no estamos ante un problema de exceso de gasto, sino ante una insuficiencia crónica de ingresos.

Salvando las evidentes diferencias que existen entre la empresa privada y la Administración pública, queda claro que esta situación es insostenible, y lo es en términos presupuestarios, financieros, patrimoniales e, incluso, sociales.

Por ello, nuestra reivindicación no debe limitarse a resolver el injusto trato al que nos somete el actual sistema de financiación autonómica. No. Nuestra reivindicación debe abogar por una solución global y definitiva.

El restablecimiento de la situación financiera y patrimonial de la Generalitat, y de sus ciudadanos, exige la quita de aquella parte de la deuda que tiene origen en la infrafinanciación. No solicitamos la liberación de la parte de la deuda cuyo origen está en la mala gestión. Reivindicamos que el Estado asuma la deuda a la que hubo que acudir por no transferirse aquí en tiempo y forma lo que nos correspondía.

De no ser así incurriríamos en el riesgo de que nuestra Comunidad, aun resolviéndose el sistema de financiación autonómica, vuelva a partir en situación de desventaja; de que el 25 % de los recursos dedicados al servicio de la deuda imposibiliten la aplicación de políticas económicas necesarias para lograr un crecimiento sostenido y sostenible para acabar con el paro y asegurar la estabilidad y el futuro del Estado de bienestar; y de que nuestra brecha en renta per cápita nunca se cierre.

Entraríamos, entonces, en un verdadero conflicto moral, ya que las futuras generaciones valencianas se verían obligadas a pagar por la vía de mayores impuestos, o menores o peores servicios públicos, unos niveles de bienestar que sí disfrutaron y seguirán disfrutando otras regiones.

Por todo ello nos sentimos legitimados para reivindicar la quita de la deuda originada por la infrafinanciación. No hay riesgo moral. El riesgo es mantener un status de ciudadanos de segunda, y la inmoralidad intergeneracional e interterritorial abundará en el desafecto por el sistema.

¡No nos lo podemos permitir!

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