Riéndose de la Justicia

Pablo Salazar
PABLO SALAZARValencia

Para la inmensa mayoría de ciudadanos, para la gente normal, para aquellos a los que no se les ocurriría colgar un tuit alegrándose de la muerte de nadie, ni siquiera de la de un asesino, los pronunciamientos judiciales son algo muy serio. No hablo ya de una sentencia, que por supuesto, sino de un auto, de una citación, de cualquier mandamiento o requerimiento emanado de un órgano judicial, del orden que sea, civil, laboral, penal con mayor motivo. A pesar de aquella sentencia del que fuera alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, «la Justicia en España es un cachondeo», que hoy, dos décadas después, se encargan de propagar las bandas tuiteras, los españoles sienten una mezcla de respeto y temor hacia jueces y fiscales, a la vez que valoran un trabajo que se realiza sin las condiciones técnicas adecuadas y con una endémica falta de personal que contrasta con la superpoblación de funcionarios que caracteriza a otras áreas de la Administración pública. Y es que si hay algo en lo que coincidan derecha e izquierda es en querer poco al Poder Judicial, especialmente cuando mandan, cuando gobiernan y su acción puede verse entorpecida por el control de la legalidad que ejercen los jueces y los magistrados.

Pero el dichoso gen anarquista que corre por las venas de muchos hispanos y que encuentra su hábitat natural entre la izquierda más radical y el nacionalismo independentista, se manifiesta con la tendencia que exhiben algunos políticos a despreciar los pronunciamientos judiciales como si fueran algo prescindible, tildándolos poco menos que de caprichos de un colectivo ultraconservador cuyo único interés radicaría en obstaculizar la acción de gobierno de los representantes del pueblo para mantener los privilegios de una casta de poderosos. Ni que decir tiene que esa postura la adoptan cuando son ellos los que gobiernan, porque cuando es la derecha la que controla las instituciones y los jueces dictan sentencias en su contra entonces todo les parece bien, la independencia judicial está a salvo, los magistrados son meros profesionales, escrupulosos defensores del Estado de derecho, sólo eso y nada más que eso. Los soberanistas catalanes por un lado y Compromís por el otro (con Oltra y Marzà como actores protagonistas) están dando muestras de hasta dónde puede llegar la falta de respeto a la acción de la Justicia, con el peligro para la convivencia democrática y para la estabilidad del sistema que significa esta forma de hacer política que mezcla a partes iguales la irresponsabilidad con el populismo. Me temo que no les va a salir gratis, que su desafío acabará teniendo consecuencial, que tal vez terminen pagándolo con su patrimonio personal. Pero con eso y con todo, el daño será irreparable.

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