Reforma electoral: así, no

ANTONIO PAPELL

Parece existir una opinión positiva y ascendente sobre la necesidad de reformar/mejorar el sistema electoral vigente. Como es bien conocido, el modelo, proporcional corregido y que adopta la provincia como circunscripción, refuerza a las organizaciones mayores, complica la representación de las menores de ámbito estatal (no así los partidos nacionalistas que se concentran en sus zonas de influencia) y proporciona una representación mayor a los territorios menos poblados.

En la actualidad, con una distribución cuatripartita de fuerzas como la existente en que los dos 'grandes' partidos, PP y PSOE, han cedido considerable espacio a las dos formaciones emergentes, Ciudadanos y Podemos, son estas dos formaciones, como es lógico, las que presionan en favor de una reforma. Y lo hacen en el sentido de demandar más proporcionalidad. En concreto, Podemos sugiere algo aparentemente tan simple como la sustitución del sistema d'Hont, o de promedio mayor para la asignación de los escaños, por el sistema de Saint-Laguë, que refuerza la proporcionalidad. Con este solo cambio, y con los mismos resultados obtenidos en las elecciones generales de 2016, el PP perdería 15 representantes y el PSOE, uno solo. En tanto que Ciudadanos y Podemos incrementarían sus grupos parlamentarios en 12 y 6 diputados respectivamente. Es una obviedad que, a la vista de tales datos, PP y PSOE no cooperarán en la reforma propuesta por Ciudadanos y Podemos.

Iglesias ha razonado su propuesta con un argumento incisivo pero engañoso: así, el Congreso se parecería «más a España». La tesis es inconsistente porque todos los sistemas electorales tienen ventajas e inconvenientes, ya que deben conjugar la fidelidad representativa con la estabilidad parlamentaria. Tampoco puede censurarse sin más el hecho de que las provincias menos pobladas estén sobrerrepresentadas en nuestros modelos, ya que puede interpretarse como un elemento de fecunda discriminación positiva. Por último, conviene hacer un poco de autocrítica y reconocer que en España tenemos un problema serio de gobernabilidad por la incapacidad estructural y sistémica de las fuerzas políticas para pactar.

Dicho lo cual, habría que convenir que no tiene sentido proponer reformas parciales del modelo vigente que beneficien a unos partidos frente a otros. Sería una estupidez que PP y PSOE se inclinaran ante la exigencia de unos adversarios que les situarían en franca peor situación que la que tienen actualmente. Por lo que, si se quiere reformar el modelo habrá que buscar una concepción nueva y original del sistema electoral, más moderna y desde luego acomodada a la pluralidad federal de nuestro país. Lo lógico sería que se planteara al mismo tiempo que la reforma constitucional, y que ambas pivotaran en torno de un nuevo modelo de organización del Estado de las autonomías.

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