LA REDADA

MANUEL ALCÁNTARA

El juez que instruye la causa abierta contra el 'procés', Pablo Llarena, ha mandado a cinco líderes a la cárcel, porque en su docta opinión, el golpe ilegal continúa y es la mejor forma de detenerlo. Ya están en chirona Jordi Turull y otros ocho encausados por una rebelión que podría suponer treinta años de cárcel. Advierte además de que el artículo 155 no ha frenado «el diseño criminal» para conseguir la independencia unilateral, ya que sigue en desarrollo. También ha encausado por rebelión al fugitivo más célebre de los últimos tiempos, el fantasmagórico Carles Puigdemont. Es cierto que sin los conflictos catalanes el resto de España estaría algo más sosegada, pero sería menos España. Están en prisión los exconsejeros Turull, Rull, Bassa, Romeva, y no está Marta Rovira porque se encuentra en Suiza. La redada, además de incompleta, es tristísima, mientras Puigdemont sigue manejando su mando a distancia.

Todo esto ocurre mientras nueve comunidades españolas continúan con el PIB anterior a la crisis. Las órdenes de detención, si aspiran a que se cumplan, exigen capturar al detenido, pero a muchos no les agrada la condición de reos, ya que las vocaciones más comunes son las que conducen a la libertad. La rebelión contra el Estado es uno de los delitos más graves que detalla el Código Penal. Toda una generación de líderes ha decidido proclamar la autoindependencia y el esforzado juez Llarena compara lo ocurrido el otoño pasado en Cataluña con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Cree que la ruptura solo está larvada y puede repetirse. «El diseño criminal», en palabras de Pablo Llarena, está adormilado, pero no muerto. Nos quedan cosas que ver, aunque sea con un solo ojo.

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