Recurso de desamparo

Arsénico por diversión

Desautorizan la Constitución por su vejez pero recurren a ella como norma de referencia cuando se trata de ser protegidos

María José Pou
MARÍA JOSÉ POU

De todas las acciones anunciadas por los independentistas catalanes en las últimas horas, la más estupefaciente es la decisión de apelar al Tribunal Constitucional. No es que me parezca mal. Si yo considerara que algo vulnera la legalidad y tuviera opciones de que el Constitucional lo reparara, no tendría dudas al respecto. Pero en mi caso, tengo a la Constitución por norma suprema mientras que en el de Puigdemont y los suyos ésa es la última que parece regir sus destinos. Por eso resulta tan llamativa la tranquilidad emocional con la que desautorizan una Constitución por su vejez, su origen postfranquista y su desvinculación con los nuevos tiempos pero recurren a ella como norma de referencia cuando se trata de ser protegidos. Son capaces de ignorar al Constitucional cuando les prohíbe una convocatoria de referéndum pero pretenden apelar a él para exigir a los demás respeto por sus indicaciones.

Según ha informado el portavoz Turull, el Govern de la Generalitat intentará «agotar las vías internas» para parar la aplicación del artículo 155 y una de ellas es presentar un recurso de amparo ante el Constitucional. No sé si alegrarme o preocuparme. Me alegraría por lo que tiene de aceptación de la Constitución, pero me preocuparía si temiera, como temo, que no hay verdadera convicción en ese recurso. ¿Qué convierte en aceptable la palabra de ese tribunal cuando hace unos días arriesgaban hasta su parné por vulnerar sus mandatos? La única explicación en esto es el cinismo de saber que aquellos contra los que se manifiestan sí acatan lo que emana de él.

Es esperanzadora, si no fuera falsa, la declaración de Turull apelando a las «vías internas». Es lo que se le está pidiendo a Puigdemont desde hace meses y lo que cualquier demócrata tendría por lógico. Incluso meramente estratégico. Es lo que hizo Ibarretxe con su plan con la diferencia de que entonces no se tenía la misma convicción que ahora de que la organización territorial de España debe ser revisada. En ese punto debería situarse el gobierno de Cataluña. No puede negarse la voluntad, de miles de catalanes, de separarse de España. Y eso tendrá que abordarse antes o después, y más vale antes y con tranquilidad de espíritu. El problema es haber presentado como masivo e inevitable el deseo de ruptura; haber manipulado la realidad para conseguirlo y haber vulnerado la legalidad para acelerar el proceso. Eso es difícil que lo ampare un Tribunal que vela por el cumplimiento de la Constitución. Ahora bien, si de lo que se trata no es de ser amparados por el Constitucional sino de ampliar la lista de agravios españoles para justificar la separación, es posible que consigan su propósito, de ahí el cinismo evidente. Las «vías internas» implican iniciar un debate sobre la convivencia entre españoles que nunca han querido los dirigentes de la Generalitat. Más que las vías internas, están agotando la paciencia colectiva.

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